Air-e anunció que dejará de incluir en las facturas de energía del Atlántico los cobros de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, así como el alumbrado público, a partir de noviembre de 2024.
Esta medida ha generado preocupación en la Gobernación del Atlántico, ya que, según el secretario jurídico departamental, Rachid Náder Orfale, pondría en riesgo las finanzas del departamento. Los recursos recaudados a través de estos cobros se destinan a financiar la seguridad, el alumbrado público, y otros servicios esenciales, como los Cuerpos de Bomberos, las Fuerzas Armadas y programas de prevención de la violencia contra las mujeres.
Náder Orfale expresó que la decisión los tomó por sorpresa, ya que no fueron notificados formalmente y solo se enteraron a través de declaraciones en medios locales. Además, el funcionario aseguró que la tasa de seguridad está respaldada por la ley y ordenanzas departamentales, y que el gobierno nacional no puede pasar por alto esta normativa.
Asimismo señaló que la suspensión del cobro podría dejar al departamento sin los fondos necesarios para mantener estos servicios, lo que tendría consecuencias graves para la seguridad y la convivencia en el Atlántico.
Por otro lado, destacó que existen compromisos financieros por 1.9 billones de pesos que, de no cumplirse, podrían llevar al departamento a enfrentarse a litigios judiciales que agravarían su situación financiera. Ante este panorama, Náder Orfale hizo un llamado a Air-e para que reconsidere su decisión y mantenga el cobro de la tasa en las facturas de energía.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, también rechazó la medida, calificándola como improvisada y advirtiendo que afectaría la seguridad ciudadana y frenaría inversiones privadas. Verano enfatizó que la eliminación de estos cobros no reducirá significativamente el costo de la energía para los ciudadanos, ya que la principal fuente del encarecimiento es el alto precio del kilovatio hora en bolsa. Además, afirmó que el alumbrado público es clave para garantizar la seguridad, y su eliminación tendría un impacto negativo en la comunidad.
En conjunto, ambos funcionarios consideran que la decisión de Air-e, apoyada por el gobierno nacional, podría desestabilizar las finanzas del departamento y comprometer servicios esenciales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, por lo que insisten en la necesidad de revisar la medida.
