En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fueron rescatados este lunes los 57 soldados que habían sido secuestrados el pasado fin de semana por miembros de la comunidad en la vereda El Plateado, zona rural del municipio de El Tambo (Cauca). Durante el operativo también fueron capturadas 20 personas señaladas de participar en la retención ilegal.
El secuestro masivo, que generó un fuerte rechazo nacional e internacional, ocurrió el sábado 21 de junio, cuando una turba de campesinos y supuestos integrantes de grupos armados ilegales interceptaron a los uniformados y los mantuvieron retenidos por más de 48 horas. Videos difundidos en redes sociales mostraron a los soldados desarmados, sentados en fila y rodeados por civiles, en un aparente acto de sometimiento forzado.
Operación de rescate y capturas
El rescate fue liderado por unidades especiales del Comando Conjunto del Suroccidente, con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea, que facilitaron el ingreso y salida de los uniformados desde la zona montañosa. Según información oficial, la operación se realizó sin disparar un solo tiro y garantizando la vida de los soldados y de la comunidad.
“Los 57 soldados están sanos y salvos. Se encuentran en proceso de evaluación médica y psicológica. Esta fue una acción planificada con total respeto por el Derecho Internacional Humanitario”, aseguró el mayor general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía Nacional.
La Fiscalía confirmó la detención de 20 personas que habrían participado activamente en la retención ilegal. Algunas de ellas fueron identificadas por los propios soldados rescatados y por las grabaciones de video que circulan como prueba clave. Serán judicializadas por delitos como secuestro agravado, obstrucción a la función pública y concierto para delinquir.
¿Secuestro o presión social? La línea entre la protesta y el crimen
Organizaciones sociales de Cauca han argumentado que la retención fue una forma de protesta comunitaria por supuestos abusos militares en la zona, y que no se trató de un secuestro sino de una “retención humanitaria”. No obstante, tanto el Gobierno como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han advertido que utilizar civiles para privar de la libertad a miembros de la Fuerza Pública constituye un delito.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue enfático: “Ningún motivo social justifica la privación ilegal de la libertad. Es una violación directa al Código Penal y a los derechos humanos de los uniformados”.
Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro celebró el regreso seguro de los soldados, pero también reiteró su llamado a una transformación del enfoque militar en los territorios con alta presencia de grupos armados ilegales.
“Hay que entender lo que sucede en el Cauca. No podemos permitir que la guerra se normalice, pero tampoco que se repita la historia de soldados acorralados sin respaldo en territorios controlados por el narcotráfico y las economías ilegales”, expresó Petro.
por su lado el ministro del interior Armando Benedetti de también estuvo al frente del operativo, se pronunció en su cuenta de X.
En efecto, el secuestro ocurre en un contexto donde se denuncian crecientes tensiones entre el Ejército y comunidades que afirman vivir bajo presión cruzada entre actores armados, disidencias de las FARC y fuerzas del Estado.
¿Quiénes están detrás? Disidencias bajo la lupa
Aunque el secuestro fue ejecutado por civiles, inteligencia militar no descarta la participación indirecta de las disidencias de las FARC, que controlan zonas estratégicas del Cañón del Micay, donde se cultiva coca y operan rutas de narcotráfico.
El director de la Policía señaló que “grupos armados organizados estarían instrumentalizando a las comunidades con fines de propaganda y control territorial”.
El proceso judicial contra los 20 capturados se encuentra en etapa preliminar, mientras se analiza la posible participación de más personas. La Fiscalía advirtió que todos los civiles que hayan participado en la privación ilegal de la libertad serán judicializados, incluso si lo hicieron bajo presión.
Por su parte, la Procuraduría anunció investigaciones disciplinarias contra posibles funcionarios locales que hayan omitido actuar o, peor aún, facilitado el secuestro.
El rescate de los 57 soldados pone de nuevo en el centro del debate la situación de orden público en el suroccidente del país, el papel del Estado en territorios dominados por economías ilegales y la delgada línea entre la protesta social y los delitos cometidos bajo su amparo. La justicia deberá determinar responsabilidades individuales y estructurales, mientras el país exige garantías para que hechos como este no se repitan.
