A pesar de las advertencias de distintos organismos sobre los riesgos de orden público en más de 200 municipios del país, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que las elecciones programadas para octubre de 2026 se realizarán conforme al calendario previsto.

El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, reiteró que no existen razones jurídicas ni operativas para aplazar los comicios. “Que haya riesgo electoral en algunos municipios no significa que se puedan suspender o aplazar las elecciones”, señaló durante la sesión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, celebrada en Bogotá.

Según el reporte del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, existen al menos 104 municipios con riesgo por alteraciones de orden público. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advierte que la cifra podría superar los 200 municipios, lo que refleja una disparidad en la evaluación de las condiciones de seguridad en el territorio nacional.

Las zonas con mayores niveles de alerta se concentran en regiones históricamente afectadas por la violencia, como Catatumbo, Cauca, Chocó, Arauca, Guaviare y Putumayo. En varios de estos territorios, las autoridades locales han manifestado preocupación por la presencia de grupos armados ilegales y la posibilidad de que se presenten presiones o restricciones al ejercicio del voto.

Frente a este panorama, la Registraduría informó que avanza en la planeación logística de los comicios, incluyendo la actualización del censo electoral, la capacitación de jurados, la implementación de herramientas tecnológicas y la coordinación con la Fuerza Pública en el marco del Plan Democracia. También se mantiene la programación de las elecciones de juventudes y las consultas internas de los partidos políticos.

Aunque diversos sectores han solicitado medidas adicionales de protección y vigilancia, la entidad electoral insiste en que el país cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia y el desarrollo normal de las elecciones. “El reto es asegurar que todos los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y confianza”, concluyó Penagos.