En una decisión sin precedentes en los últimos años, el Congreso de la República aprobó, tras conciliación entre Senado y Cámara— la reforma a la justicia, una ambiciosa iniciativa que ahora espera la sanción presidencial. El proyecto fue promovido por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, en un esfuerzo conjunto por modernizar el sistema judicial colombiano, hacerlo más accesible, eficiente y confiable.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, calificó la reforma como “un logro institucional que responde a los clamores de la ciudadanía” y destacó el respaldo de las altas cortes, en especial la Corte Suprema, que había insistido durante años en la necesidad de ajustes estructurales.
La iniciativa contiene transformaciones sustanciales en cinco frentes clave:
- Fortalecimiento de la carrera judicial: Se establece un nuevo sistema meritocrático de ingreso y ascenso dentro de la rama judicial, eliminando prácticas clientelistas y garantizando mayor transparencia.
- Descongestión de despachos judiciales: Se crearán más de 2.500 cargos judiciales nuevos, incluyendo jueces de pequeñas causas y jueces itinerantes, para reducir los tiempos de respuesta.
- Justicia rural y territorial: Se prioriza la cobertura de justicia en zonas rurales y apartadas, permitiendo el acceso a derechos fundamentales en lugares históricamente olvidados.
- Digitalización judicial: El proyecto incluye un plan nacional de transformación digital, con la implementación de procesos 100 % virtuales, archivos digitales y sistemas de gestión documental inteligente.
- Mayor independencia del sistema penal: Se propone redefinir las funciones de la Fiscalía en relación con la Policía Judicial y fortalecer los controles internos.
Una construcción institucional concertada
A diferencia de reformas anteriores que naufragaron por falta de consenso o excesivo contenido político, esta reforma fue el resultado de un ejercicio de construcción colectiva.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, el borrador original fue trabajado en conjunto con la Fiscalía General, el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, y los principales gremios del sector justicia, como Asonal Judicial y el Colegio de Abogados Penalistas.
La Corte Suprema de Justicia fue clave en el empuje del articulado. A través de comunicados públicos y reuniones con legisladores, los magistrados presionaron para que se aprobara un modelo que dignifique el trabajo judicial, combata la impunidad y no dependa de gobiernos de turno.
No todo fue consenso. Algunos congresistas de oposición señalaron que la reforma deja por fuera temas cruciales como la elección de fiscales regionales, el control político a la Fiscalía, o la revisión del fuero penal militar.
La conciliación entre Senado y Cámara se dio tras resolver dos puntos álgidos: el presupuesto asignado para nuevos cargos y el modelo de contratación digital. Finalmente, se aprobó un sistema mixto, donde la Nación aportará los recursos iniciales y los entes territoriales podrán cofinanciar.
Con 95 votos en la Cámara y 64 en el Senado, la reforma fue aprobada en su último debate. Ahora queda en manos del presidente de la República sancionarla.
Los gremios jurídicos han recibido con cautela la noticia. La Asociación Nacional de Funcionarios Judiciales manifestó que si bien es un avance, “se debe garantizar el cumplimiento presupuestal para que las medidas no se queden en el papel”.
Por su parte, organizaciones como Dejusticia y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) han advertido que la implementación efectiva dependerá de la voluntad política del Ejecutivo, la articulación con gobernaciones y una vigilancia ciudadana activa.
En las regiones, donde la justicia tarda años en llegar, hay esperanza. Líderes sociales de Nariño, Guaviare y La Guajira han expresado que la inclusión de una justicia territorial es un primer paso hacia la equidad jurídica.
Escenarios y desafíos tras la sanción presidencial
Con la sanción presidencial, el Gobierno deberá reglamentar la reforma en un plazo de seis meses, según el texto aprobado. El reto principal será convertir las nuevas normas en realidades tangibles: desde la designación de jueces rurales, hasta la adecuación tecnológica de juzgados.
Adicionalmente, el presidente deberá coordinar con el Consejo de la Judicatura un cronograma de implementación por fases, que inicie en los departamentos más críticos por carga procesal: Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Bogotá.
Se abre también un capítulo importante de veeduría y control. Las universidades, medios de comunicación y organismos internacionales estarán llamados a verificar que esta reforma, tan celebrada, no termine siendo una promesa incumplida más.
Una oportunidad para la justicia y la democracia
La aprobación de esta reforma representa un hito en el sistema judicial colombiano. Si bien no es perfecta ni aborda todos los problemas del sistema, sí traza un camino hacia una justicia más cercana, moderna e imparcial.
Como lo dijo la magistrada Gloria Stella Ortiz, “sin justicia no hay paz, y sin paz no hay democracia verdadera”. La pelota ahora está en la cancha del Ejecutivo, pero también en la sociedad civil, que debe vigilar su implementación con ojos atentos y exigentes.
