El Gobierno Nacional presentó un proyecto que promete darle un respiro a las finanzas del país y al bolsillo de millones de colombianos. Se trata de la reforma a la Contribución Solidaria de Energía, un mecanismo creado hace más de 30 años para financiar los subsidios de electricidad a los hogares de estratos 1, 2 y 3.
Hoy, el Estado destina billones de pesos para cubrir esa ayuda, pero las cuentas fiscales están cada vez más apretadas. Por eso, el Ejecutivo plantea un cambio de enfoque: mantener la exención solo para el sector industrial y no para toda la economía.
¿Qué significa en la práctica?
Hasta ahora, muchos sectores no pagaban ese 20 % adicional en su factura de energía. Con la nueva propuesta, únicamente las empresas manufactureras seguirán teniendo esa exención. Según los cálculos oficiales, esto permitirá ahorrar alrededor de $1,4 billones al año, dinero que se usará para mantener los subsidios a las familias más vulnerables.
El análisis del Gobierno muestra que un aumento en el costo de la energía golpea con más fuerza a las fábricas y plantas manufactureras. Allí, un alza del 20 % puede encarecer la producción en un 0,31 %, un impacto considerable para un sector que ya viene perdiendo peso en la economía: pasó de representar el 22,8 % del PIB en 1975 a apenas el 11,1 % en 2024.
“Si dejamos a la industria sin esa protección, perdería competitividad frente a otros países y terminaríamos afectando el empleo y la producción nacional”, explican fuentes del Ministerio de Hacienda.
Un alivio para las cuentas del Estado
El costo de mantener las exenciones generalizadas superaba los $2,8 billones anuales. Con este ajuste, no solo se reduce la presión sobre el presupuesto, sino que también se evita recurrir a medidas de emergencia como la “cláusula de escape” de la regla fiscal.
El decreto entraría en vigencia 45 días después de su publicación en el Diario Oficial y derogaría la norma que venía rigiendo desde 2013.
La propuesta busca un balance: mantener el apoyo a quienes más lo necesitan, proteger la industria y aliviar la carga fiscal del país. En palabras simples, se trata de reorganizar quién paga y quién no, para que el sistema de subsidios sea sostenible sin asfixiar las finanzas públicas.
