La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas tras una nueva visita de inspección a la Imprenta Nacional de Colombia, en la que se evidenciaron fallas administrativas y posibles irregularidades de fondo en la celebración del controvertido convenio con Portugal para el suministro y fabricación de pasaportes.
Según el informe preliminar del equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, las respuestas entregadas por los funcionarios de la Imprenta fueron “vacías, contradictorias y poco convincentes”. La entidad buscaba esclarecer los fundamentos técnicos y jurídicos que justificaron la firma del millonario convenio con el gobierno portugués, sin embargo, halló un preocupante vacío documental y normativo.
Convenio sin sustento: falta de planeación y omisión de normas presupuestales
Uno de los hallazgos más delicados gira en torno al uso proyectado de vigencias futuras por más de 1,3 billones de pesos hasta el año 2036, sin contar con los requisitos legales mínimos: la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y la existencia de un documento CONPES, tal como lo exige el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Esto significa que se habrían comprometido recursos del Estado colombiano a largo plazo sin la validación técnica y fiscal de las entidades responsables de salvaguardar el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad financiera.
¿Quién responde por el convenio con Portugal?
El escándalo alrededor del convenio internacional para la elaboración de pasaportes con Portugal se ha convertido en un punto crítico dentro del debate sobre transparencia en la contratación pública en Colombia. Las dudas no solo recaen sobre los términos del acuerdo, sino sobre la cadena de decisiones y actores que permitieron su celebración sin los soportes legales, técnicos ni financieros requeridos.
Desde 2023, cuando se canceló de forma sorpresiva la licitación que favorecía a la empresa Thomas Greg & Sons, tradicional proveedora de pasaportes en el país, comenzó a fraguarse una estrategia para redefinir el esquema de producción. Aunque en su momento el gobierno justificó la decisión como parte de una política para «fortalecer la capacidad estatal» a través de la Imprenta Nacional, lo que siguió fue una serie de pasos improvisados, falta de coordinación interinstitucional y, finalmente, una negociación directa con una entidad extranjera sin licitación pública.
El nuevo acuerdo con la Imprenta Casa da Moeda de Portugal, por un valor superior a 1,3 billones de pesos, fue suscrito sin contar con autorización del CONFIS ni respaldo en un documento CONPES, dos requisitos obligatorios para comprometer vigencias futuras del presupuesto nacional. Este hecho ya de por sí pone en entredicho la legalidad del proceso y cuestiona si se cumplió o no con la normatividad que rige la contratación estatal.
Aunque la Imprenta Nacional ha sido el ejecutor visible del convenio, la responsabilidad no recae únicamente sobre esta entidad. Según lo que ha venido revelando la Procuraduría, la Cancillería –como entidad solicitante y beneficiaria del servicio– también tuvo un rol determinante en la estructuración del acuerdo. De hecho, fue el Ministerio de Relaciones Exteriores el que impulsó la ruptura con Thomas Greg & Sons, sin presentar un plan de transición sólido ni realizar una licitación pública para buscar nuevos proveedores.
Además, la Presidencia de la República, al respaldar públicamente este cambio de modelo, también podría tener una cuota de responsabilidad política por no exigir garantías suficientes sobre la viabilidad del nuevo esquema. La ausencia de controles internos eficaces, la no convocatoria formal de la Junta Directiva de la Imprenta y la falta de estudios técnicos configuran un escenario de posible detrimento patrimonial y de incumplimiento de principios constitucionales como la transparencia, la eficiencia y la planeación.
Más allá de los vacíos técnicos, lo que más preocupa a expertos y veedurías ciudadanas es el oscuro trasfondo político y económico que podría estar detrás del viraje hacia Portugal. Las preguntas abundan:
- ¿Por qué se desechó abruptamente un modelo que venía funcionando durante años sin mayores inconvenientes?
- ¿Qué motivó la decisión de entregar la producción a un país extranjero, comprometiendo recursos públicos a más de una década?
- ¿Quién se beneficia políticamente o financieramente de este nuevo convenio?
Aunque por ahora no hay pruebas directas de corrupción, el grado de opacidad en todo el proceso levanta sospechas legítimas. Más aún cuando la Procuraduría ha evidenciado documentos sin firma, actas inexistentes y respuestas evasivas por parte de altos funcionarios.
Actualmente, tanto la Procuraduría como la Contraloría General de la República adelantan investigaciones que podrían escalar a sanciones disciplinarias y fiscales. Es probable que la Fiscalía General de la Nación también entre en escena si se configura alguna conducta penal, como celebración indebida de contratos, prevaricato o interés indebido en la celebración de contratos.
Improvisación en la planeación del contrato
La Procuraduría también identificó serias omisiones en la aplicación del manual de contratación de la Imprenta Nacional. No se aplicaron metodologías ni estudios previos que justificaran la selección de Portugal como proveedor, ni se presentó el procedimiento técnico o financiero para calcular el valor del contrato.
Peor aún, no existen actas firmadas ni constancias formales de las reuniones de la Junta Directiva en las que se debía deliberar sobre este acuerdo. A pesar de los requerimientos del ente de control, la gerente de la Imprenta Nacional no ofreció respuestas claras o satisfactorias ante estas omisiones documentales.
En riesgo la expedición de pasaportes y los derechos ciudadanos
Para la Procuraduría, lo hallado apunta a un proceso “marcado por la improvisación” que podría traducirse en un riesgo inminente para la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, uno de los documentos esenciales para la garantía del derecho a la movilidad internacional de millones de colombianos.
Además, advierte que este tipo de decisiones administrativas sin sustento técnico y fiscal pueden derivar en afectaciones patrimoniales al Estado y en potenciales sanciones disciplinarias y fiscales contra los responsables.
