• En el informe el órgano de control advirtió que los mayores rezagos en la implementación del Acuerdo se encuentran en el Capítulo Étnico con tan solo un 19.67% de ejecución.
• Con corte a marzo de 2021, las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia son las que presentan menor disponibilidad de tierras, por lo que son necesarios mayores esfuerzos por parte de las entidades responsables.
La Procuraduría General de la Nación radicó ante el Congreso de la República el Tercer Informe sobre la Implementación del Acuerdo de Paz, en cumplimiento al Acto Legislativo 1 de 2016, en el que señala que a pesar de los esfuerzos gubernamentales faltan resultados transformadores en los puntos relacionados con Reforma Rural Integral, participación política, garantías de seguridad, en el Capítulo Étnico, entre otros.
Sobre la Reforma Rural Integral el Ministerio Público encontró que, de las más de un millón de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, el 71% se concentran solo en 15 municipios del país, y las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia presentan la menor disponibilidad de tierra, por lo que no se estaría garantizando la democratización del acceso a la tierra.
Para el órgano de control, si bien ya se cumplió con el proceso de formalización del 99.6% de las hectáreas de tierra previstas por entregar, tan solo el 0.4% han sido adjudicadas, por lo que la Procuraduría solicitó que se aclaren los procesos y fuentes para el cumplimiento de la meta de tres millones de hectáreas para adjudicar y siete millones para formalizar.
En cuanto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), si bien ya existen 7.282 iniciativas con ruta de implementación activada, de un total de 32.808 (22,2%), los PDET no cuentan con un sistema de información público que evidencie los avances de esa ruta, el estado actual de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), sus resultados y los montos destinados desde todas las fuentes de financiación.
Respecto a la participación política, el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) arrojó que se ha avanzado en el 32% de los compromisos, debido a la ausencia de reformas normativas como proyectos de ley para las garantías y promoción de la participación de organizaciones, movimientos, protesta social, entre otros.
La Procuraduría reiteró la necesidad de una acción oportuna del Estado para fortalecer la seguridad en los territorios, teniendo en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que, desde 2016 hasta junio de 2021, han sido víctimas de homicidio 500 líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, y según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a junio de 2021 se han registrado 278 homicidios contra personas en proceso de reincorporación.
En materia de reincorporación el ente de control resaltó avances en la compra de nueve predios para la consolidación de siete Antiguos Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (AETCR), preocupa que estos no hayan sido titulados para proyectos de vivienda. Los reincorporados tampoco cuentan con rutas de acceso a tierras que les permita realizar proyectos agrícolas o agropecuarios. Así mismo, reiteró el llamado a conformar el Sistema Nacional de Reincorporación, y a fortalecer los Consejos Territoriales y Mesas de Reincorporación como articuladores de actores y oferta, entre otros.
En lo que concierne a la solución del problema de drogas ilícitas, la Procuraduría alertó que 3.600 familias fueron suspendidas y 10.248 excluidas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), sin contar con un procedimiento que defina las causas de suspensión y retiro de los beneficiarios y una estrategia interinstitucional para la ejecución de los proyectos productivos. Además, se advirtió que las medidas de reparación integral a víctimas previstas en el Acuerdo de Paz aún no presentan el impacto esperado porque solo el 4% de los sujetos de reparación colectiva han finalizado su proceso.
Para la Procuraduría, si bien las asignaciones presupuestales establecidas en el Presupuesto General de la Nación para el cumplimiento del Acuerdo aumentaron en un 18%, entre 2018 y 2020, se hace necesaria una estrategia para la asignación más eficiente de los recursos.
Por último, el informe de la Procuraduría indicó que los mayores rezagos en el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo están en el Capítulo Étnico, 19.67% de los indicadores del Plan Marco de Implementación cuenta con ficha técnica en el SIIPO, y las comunidades siguen padeciendo condiciones de injusticia y afectaciones por el impacto desproporcionado del conflicto armado interno y la violencia a mano de todos los actores.
