La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas frente a una posible interrupción en la expedición de pasaportes en Colombia. El órgano de control advirtió que el convenio anunciado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para garantizar este servicio presenta serias dudas legales y operativas.
Según el comunicado oficial, la entidad manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso. “No se conocen los estudios técnicos previos ni los documentos precontractuales requeridos por la ley”, señaló la Procuraduría, al tiempo que advirtió que sí existen estudios previos, pero elaborados para un escenario distinto: contratar con un aliado público internacional.
El convenio actual indica que será la Imprenta Nacional de Colombia la encargada del suministro de pasaportes, pero no se ha aclarado cómo ni con qué fundamentos legales se suscribió el acuerdo, especialmente porque fue firmado por la secretaria general (en encargo) y no por la ministra de Relaciones Exteriores.
Riesgo de desabastecimiento
El panorama se agrava con una advertencia concreta: quedan menos de 290.000 libretas de pasaporte disponibles bajo el contrato vigente, que finaliza el próximo 31 de agosto. Si no se garantiza un nuevo operador de forma oportuna, el país podría enfrentar un desabastecimiento que impactaría gravemente a los ciudadanos que requieran el documento.
Además, se desconoce si el actual contratista ha sido notificado para continuar el servicio bajo figura de urgencia manifiesta, una herramienta legal que permitiría evitar la interrupción mientras se define un nuevo esquema de contratación.
La Procuraduría también recordó que la Imprenta Nacional ya es objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de las cédulas de extranjería, en un proceso donde igualmente se recurrió a un tercero internacional. Este antecedente genera dudas adicionales sobre la idoneidad de la entidad para asumir ahora la fabricación de pasaportes.
Finalmente, el Ministerio Público anunció que mantendrá la vigilancia activa sobre este proceso y tomará las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, el buen uso de los recursos públicos y la legalidad en la contratación estatal.
