La crisis de la salud en Colombia sigue tocando fibras sensibles. Esta vez, la lupa de la Procuraduría General de la Nación se posó sobre Asmet Salud EPS, una de las entidades más grandes del suroccidente del país, con más de 1,5 millones de afiliados en su mayoría ubicados en los departamentos de Cauca, Caquetá y Nariño.
El organismo de control llegó hasta las oficinas de la EPS en Popayán, dos años después de su intervención, para verificar el deterioro de sus indicadores financieros y las crecientes denuncias por barreras en el acceso a la atención. Lo que está en juego no son simples balances contables: detrás de cada cifra hay pacientes que esperan una cirugía, un tratamiento, un medicamento o una cita médica.
Tutelas en aumento y pacientes en riesgo
De acuerdo con la Procuraduría, solo en lo corrido de 2025 se ha disparado el número de tutelas e incidentes de desacato presentados por los usuarios de Asmet Salud. Estas acciones judiciales se han convertido en la única salida para miles de personas que, a falta de respuestas oportunas, terminan en los estrados reclamando un derecho que debería garantizarse sin necesidad de abogados.
Madres que esperan medicamentos para sus hijos, adultos mayores que no logran una autorización para exámenes de control y pacientes con enfermedades de alto costo que denuncian interrupciones en sus tratamientos son algunos de los relatos que se escuchan en los pasillos de las sedes de la EPS.
¿Qué busca la Procuraduría?
Durante la visita preventiva, la Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales solicitaron información detallada sobre la gestión técnica, jurídica y financiera de la EPS. Se puso la lupa sobre los modelos de atención, la suficiencia y cobertura de la red hospitalaria, y la forma en que se concentran los contratos y los giros de recursos.
La preocupación es que los problemas financieros no solo estén comprometiendo la sostenibilidad de la entidad, sino que estén traduciéndose en demoras, negativas injustificadas y limitaciones para acceder a servicios básicos.
Una crisis que golpea a las regiones
Asmet Salud es la EPS con mayor presencia en departamentos históricamente golpeados por el conflicto y la pobreza. En zonas rurales del Cauca o el Caquetá, es muchas veces la única opción para miles de campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes. Para ellos, el colapso de la EPS significaría quedarse prácticamente sin alternativas.
“Yo llevo seis meses esperando una cirugía de rodilla. No puedo trabajar, y cada vez me dicen que falta un papel o que no hay convenio con la clínica”, cuenta Rosa, una afiliada de 56 años de Popayán. Su testimonio es apenas uno entre miles que reflejan el drama silencioso de la crisis del sistema.
La Procuraduría anunció que toda la información recogida será analizada y contrastada con otras fuentes institucionales para elaborar un diagnóstico integral. Dependiendo de los hallazgos, podrían abrirse procesos disciplinarios contra directivos de la EPS o emitirse alertas más severas para proteger el derecho a la salud de los afiliados.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre quienes dependen de Asmet Salud. Cada demora, cada trámite engorroso, cada puerta cerrada, representa un riesgo real para la vida y la dignidad de pacientes que no pueden esperar.
