Ataques con drones contra población civil, niños utilizados para transportar explosivos y 67 % de los municipios en alto riesgo de seguridad, los temas más graves.
El total de los municipios del departamento cuenta con injerencia de los grupos armados ilegales y el 42 % del total de eventos por alteración del orden público fueron dirigidos contra la población civil.
La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la grave situación de seguridad en que se encuentra la población del departamento del Cauca, por cuenta de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, por parte de los grupos armados ilegales, ELN, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y Frente Yair Bermúdez, por el control del territorio y las rentas ilegales.
Un informe elaborado por la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, refiere que durante el primer semestre de 2024 estos grupos perpetraron 123 alteraciones del orden público en el departamento, en promedio cinco por semana, distribuidas así: 51 ataques contra población civil, 33 combates contra el ejército, 31 hostigamientos a unidades militares y policiales y ocho enfrentamientos entre ellos, sin pasar por alto el subregistro en los datos por estos eventos.
Entre los sucesos más lamentables están las amenazas contra el 28 % de los personeros del departamento, la utilización de niños, niñas y adolescentes para el transporte de artefactos explosivos y el uso de drones con explosivos que han afectado directamente a la población civil. Los municipios más afectados son Argelia con 19 eventos de orden público, Cajibío con 12, Santander de Quilichao 11, Toribío y Suárez con 10 cada uno.
El documento también da cuenta de la expansión y posicionamiento de estructuras como la “Dagoberto Ramos”, que hace presencia en el 31 % del departamento, el incremento del 14 % de las amenazas en esta zona del país para el primer semestre del 2024, frente al mismo periodo de 2023, y la persistencia de prácticas de control social como toques de queda para las comunidades y uso del carné.
El informe asegura que la crisis se presenta porque el Gobierno Nacional no logró contener y mucho menos anticipar la ocurrencia de atentados, incursiones armadas, hostigamientos a estaciones de policía y ataques a la población civil y que los incumplimientos del cese al fuego por parte de estos grupos ilegales no contaron con la debida verificación y alerta.
De enero a junio de 2024 el ente de control acompañó 86 consejos de seguridad territoriales, hecho que advierte sobre una estrategia reactiva en la atención de los eventos.
Entre las recomendaciones que hizo el Ministerio Público están la de adelantar acciones urgentes y extraordinarias tendientes a contrarrestar la situación de riesgo y vulnerabilidad de las comunidades, prevenir la comisión de nuevos delitos, adquirir herramientas tecnológicas de última generación para derribar los drones de grupos ilegales; así como articular esfuerzos contra el reclutamiento de niños, el asesinatos de líderes sociales y exigir a los grupos armados ilegales en las mesas de diálogo, garantías efectivas frente al respeto por la vida e integridad de las personas y bienes protegidos por la ley y el Derecho Internacional Humanitario.
