En una mesa técnica de seguimiento liderada por la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dejó más dudas que certezas frente a la intervención a la electrificadora AIR-E, que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El Ministerio Público cuestionó duramente la falta de claridad, rigor y sustento técnico de los informes presentados por la Superservicios, al no aportar detalles financieros completos ni información consolidada sobre el estado actual de la empresa intervenida. En particular, se evidenció la ausencia de cifras precisas sobre las deudas con generadoras de energía, el valor de los activos y el patrimonio de AIR-E.
Durante la reunión, que contó con la participación de la Contraloría General de la República y representantes de la empresa, también se señaló la falta de un plan de acción concreto que garantice la continuidad y eficiencia del servicio de energía en la región. “La Superservicios y el agente especial no tienen una hoja de ruta definida ni mediciones del impacto generado por la intervención”, advirtió la Procuraduría.
Otro punto crítico fue el incumplimiento de las órdenes emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues la Superintendencia no presentó un informe detallado sobre las actuaciones realizadas ni los análisis técnicos que motivaron la modalidad de toma de posesión.
A varios meses de la intervención, el ente de control también alertó sobre la ausencia de propuestas definitivas para la reorganización o liquidación de AIR-E, lo que pone en riesgo la estabilidad del sector energético y la calidad del servicio a millones de usuarios.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtieron que esta intervención, mal gestionada, puede alterar gravemente el equilibrio financiero del sector eléctrico, comprometiendo la cadena de pagos y la prestación del servicio.
Ante estas preocupaciones, el Ministerio Público citó a una nueva mesa técnica para el próximo 28 de mayo y exigió la entrega de nueva documentación e informes con fecha límite del 16 de mayo
