La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones en el cumplimiento de sus funciones. La medida surge tras denuncias relacionadas con la falta de respuesta oportuna a solicitudes de protección para miembros del partido Centro Democrático, entre ellos el senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado en días recientes.
Según el Ministerio Público, la UNP deberá presentar un informe detallado sobre las evaluaciones de riesgo, las decisiones tomadas frente a las peticiones realizadas desde 2023 por esa colectividad política y las razones por las cuales no se habría reforzado el esquema de seguridad del senador, quien contaba con solo tres escoltas al momento del ataque, pese a reiteradas alertas de riesgo.
Esta actuación disciplinaria se da en un contexto preocupante para los derechos humanos en Colombia. En lo corrido de 2025, organizaciones como Indepaz y la Fundación Paz y Reconciliación han reportado al menos 71 líderes sociales asesinados y 20 firmantes del Acuerdo de Paz muertos en hechos violentos. Aunque la cifra representa una leve disminución frente al mismo periodo del año anterior, los niveles de violencia siguen siendo altos y afectan principalmente a comunidades rurales y territorios con presencia de grupos armados ilegales.
Durante 2024, fueron asesinados 157 líderes sociales, lo que equivale a un homicidio cada dos días. La tendencia se ha mantenido pese a los esfuerzos del gobierno por consolidar una política de “paz total”, que ha enfrentado diversos obstáculos, entre ellos el rompimiento de diálogos con el ELN y las disputas territoriales entre disidencias de las FARC y otros actores armados.
A esto se suma un debate de fondo sobre la eficiencia de los esquemas de protección ofrecidos por la UNP. Entre 2016 y 2019, solo 4 líderes sociales asesinados contaban con medidas oficiales de protección, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad real de respuesta institucional. En la actualidad, aunque el presupuesto de la entidad ha aumentado, persisten denuncias por demoras, recortes inexplicables y falta de enfoque diferencial para personas en riesgo.
El caso de Miguel Uribe Turbay ha reavivado el debate público. La familia del senador ha denunciado penalmente al director Rodríguez Ballesteros por omisión, al considerar que la reducción de su esquema de seguridad pudo haber facilitado el atentado. La Procuraduría ha reiterado que, con esta investigación, busca establecer si hubo una falta disciplinaria, cuál fue su motivación y si existen eximentes de responsabilidad.
Mientras tanto, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han exigido mayor transparencia y celeridad en el sistema de protección, así como garantías reales para quienes ejercen liderazgo político y comunitario en territorios históricamente afectados por la violencia.
La apertura de este proceso podría marcar un precedente relevante sobre la responsabilidad de los funcionarios encargados de garantizar la vida y la integridad de los líderes en Colombia, especialmente en un año preelectoral donde los riesgos tienden a incrementarse.
