La Defensoría del Pueblo está visiblemente preocupada debido a las reiteradas violaciones a los derechos de 63 reclusos (54 hombres y nueve mujeres) en la cárcel municipal La Amarilla, en Lorica, Córdoba. En una nueva y reciente visita, hecha a través de sus funcionarios de la Regional Córdoba, constató la agudización de lo que viene sucediendo.
«Quienes están privados de la libertad en el centro de reclusión nos contaron las afugias que están pasando, una es que deben ingeniárselas para ingresar dinero y, entre ellos mismos, hacer la llamada vaca para poder adquirir sus alimentos. Pero la problemática, que se sale de los márgenes humanos, no para ahí, pues lo poco que reúnen, según su testimonio, solamente les alcanza para alimentarse una vez al día”, manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Los privados de la libertad también dijeron que a quienes dependen de medicamentos, no se los están suministrando. Las citas médicas no han sido posibles debido a que no hay vehículos para trasladarlos a los centros de salud, como tampoco y en atención al desarrollo de sus procesos en las audiencias, los están llevando a los juzgados.
“En la inspección defensorial, además, nuestros funcionarios evidenciaron que los custodios del penal, en razón a que les adeudan siete meses de salario, se vieron en la obligación de abandonar sus labores. Su legítimo derecho al trabajo está siendo transgredido. La Policía Nacional adscrita al departamento de Córdoba, en consecuencia, asumió la vigilancia en La Amarilla”, expresó Carlos Camargo Assis.
Es tan aguda la crisis, que en la madrugada del 3 de diciembre anterior, cinco privados de la libertad, considerados de alta peligrosidad, se escaparon. La fuga está siendo investigada por las autoridades competentes y locales.
Las acciones de la Defensoría del Pueblo
La institución de derechos humanos, en el seguimiento que desde hace varios meses le viene haciendo a lo que sucede en el centro de reclusión, interpuso en octubre del 2022 una acción de tutela para que fueran amparados los derechos de los internos.
El Juzgado Civil del Circuito de Lorica le dio la razón y les ordenó a las alcaldías que tienen la competencia administrativa del penal, como las de Lorica, Momil, Purísima de la Concepción, San Antero, Cotorra, Chimá, Moñitos y San Bernardo del Viento, también al director de la cárcel, proteger los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal y a la salud de la población privada de la libertad que se encuentra recluida en la cárcel La Amarilla.
Los ordenadores del gasto fueron conminados a adoptar, coordinadamente, las medidas adecuadas y necesarias para que los accionados les suministren los alimentos en los debidos horarios a los presidiarios.
“No obstante, lo ordenado no ha sido cumplido, ni siquiera nos han respondido un oficio que le remitimos el pasado 12 de septiembre a la Alcaldía de Lorica. Todo esto nos llevó a interponer hace contados días un incidente de desacato, necesitamos que los derechos tutelados a favor de la población reclusa sean atendidos y salvaguardados; es imperativo que su vida no continúe corriendo riesgos por cuenta de la incompetencia institucional”, indicó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
A través del incidente también se insta al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como también a la Gobernación de Córdoba, a aunar esfuerzos para que sea solventada la problemática.
