Se han radicado 626 reclamaciones en La Guajira, de las cuales un 34% corresponden a riesgo de vida.
Con el foco puesto en fortalecer la presencia del Estado y propiciar soluciones a las necesidades de salud de los ciudadanos que habitan en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, especialmente las comunidades indígenas, se cumplieron los primeros 43 días de funcionamiento de la Oficina Regional Caribe de la Superintendencia Nacional de Salud en Riohacha.
Durante estas primeras seis semanas de trabajo, la Supersalud ha desplegado acciones de inspección a los distintos actores vigilados para identificar los puntos críticos que ponen en riesgo la correcta prestación de los servicios de salud y el aseguramiento de los usuarios focalizando sus acciones en el departamento de La Guajira por la criticidad identificada.
“Nuestro objetivo con la puesta en marcha de la Regional Caribe es garantizar presencia permanente y funcional para brindar soluciones efectivas y formular los correctivos necesarios ante hechos que vulneren los derechos de los usuarios, brindando más y mejores servicios a los ciudadanos”, aseguró el superintendente Ulahí Beltrán López.
Seguimiento a las reclamaciones formuladas por los ciudadanos
De acuerdo con el seguimiento realizado al comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias formulados por los ciudadanos, entre el 25 de marzo y el 30 de mayo se han registrado un total de 626 reclamaciones en La Guajira, de las cuales un 34% corresponden a riesgo de vida (213).
Preocupa que un 22% de las quejas regulares han sido reabiertas y para el caso de las registradas con riesgo de vida, el 25% han sido reabiertas.
Las EPS que registran el mayor acumulado de quejas asociadas con riesgo de vida, son en su orden: Nueva EPS, Cajacopi y Sanitas, las cuales, en su mayoría se encuentran abiertas y en seguimiento permanente de la Supersalud.
“Hacemos un seguimiento a la gestión realizada uno a uno de los casos diariamente, con el propósito de evidenciar una respuesta efectiva a las solicitudes de los usuarios y de esta manera brindar garantías para el goce efectivo del derecho a la salud”, enfatizó el Supersalud.
Finalmente, el reporte evidencia que los municipios contemplados por la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional concentran más del 90% de las quejas formuladas: Riohacha 96%, Maicao 2%, Uribia y Manaure 1%.
Hallazgos de auditoría en La Guajira
Desde el 23 de marzo, el equipo multidisciplinario de la Superintendencia ha venido verificando el cumplimiento de las responsabilidades de las Secretarías de Salud departamentales y municipales frente al cumplimiento de sus funciones y competencias.
Para el caso particular de La Guajira, la Entidad desarrolló acciones de inspección entre el 5 al 11 de abril, para verificar el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias -CRUE, en este sentido, evidenció los siguientes hallazgos que hoy son objeto de seguimiento:
No cuenta con una estructura administrativa para garantizar de manera continua e ininterrumpida la prestación del servicio del Centro Regulador de Urgencias (el radio de comunicaciones se encontraba fuera de funcionamiento, no contaba con un software que garantice la sistematización de la información, no cuenta con un centro de reserva y tampoco cuenta con un plan de contingencia activo en caso de requerirse).
Resultados mesas de inspección y vigilancia a EPS
El ente de control convocó a las EPS Asociación Indígena del Cauca AIC, Salud Total, Familiar de Colombia, Dusakawi, Anas Wayuu, Coosalud, Cajacopi, Nueva EPS y Sanitas, previo a este ejercicio, se requirió a cada una de las 9 Entidades Promotoras de Salud la siguiente información que fue objeto de análisis:
Número de afiliados por municipio, corregimiento y ranchería.
Relación de la red prestadora de servicios de salud contratada por municipio, corregimiento y ranchería para la atención de la población afiliada.
Copia de los acuerdos de voluntades o contratos vigentes con la red prestadora y proveedores de tecnología en salud.
Conformación y relación de los equipos de respuesta inmediata y estrategia de operación en el territorio.
Como resultado, el ente de control alertó por:
Una deficiente caracterización y georreferenciación de la población por municipios y corregimientos, lo que dificulta el acceso efectivo a los servicios de salud.
Los acuerdos de voluntades no contienen los indicadores establecidos por la normativa vigente (Resolución 2350 de 2020 y el incremento del 16,23% de la UPC).
Preocupa que los equipos extramurales son compartidos por la mayoría de las EPS que hacen presencia en el departamento, lo que repercute en la baja cobertura de la población.
En los contratos de las EPS no se evidenciaron las condiciones definidas para atender:
servicios de urgencias y los requeridos con posterioridad sin egreso hospitalario, atención
integral de la desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años y la de madres gestantes con complicaciones durante el embarazo.
Mesas de inspección y vigilancia a clínicas y hospitales
El ente de control priorizó el desarrollo de acciones de salud pública y fortaleció su seguimiento y evaluación con un enfoque preventivo, dirigido a monitorear la gestión de los riesgos en salud.
En este sentido, se evaluaron los datos reportados por el departamento de La Guajira frente a la incidencia y prevalencia de la desnutrición aguda, moderada y severa en la primera infancia y la mortalidad materna, el análisis realizado permitió evidenciar:
Desconocimiento de la población asignada, mediante la formalización contractual con la
red prestadora de servicios.
Falta de claridad en la identificación de la población.
Notificación inoportuna respecto a la mortalidad materna extrema y muerte perinatal y neonatal tardía.
Fallas en la capitación temprana y seguimiento a grupos de riesgo.
