En un memorial dirigido al Tribunal Administrativo del Atlántico, la defensa de la diputada Alejandra Moreno Astwood advierte sobre una maniobra jurídica para beneficiar al partido Cambio Radical y excluir a 62.341 votantes del Pacto Histórico.
Una nueva controversia política y judicial estremece al Atlántico. La diputada del Pacto Histórico, Alejandra Moreno Astwood, junto a su abogado Alfonso Camerano Fuentes, denunció ante el Tribunal Administrativo del departamento una supuesta estrategia coordinada para anular toda la lista de su coalición en la Asamblea Departamental.
En un extenso memorial presentado el 30 de mayo de 2025, la defensa acusa a tres actores judiciales —Franklin Covilla Londoño, Víctor Arturo Polo Sanmiguel y Dreisa María Rosas García— de haber instaurado demandas «copiadas» entre sí con el objetivo de erradicar toda la representación del Pacto Histórico. Según el documento, esta acción judicial busca favorecer al partido Cambio Radical, que perdió la quinta curul en disputa frente a esta coalición.
Además, el escrito advierte sobre la “tardía” intervención del procurador judicial Javier Francisco Lizcano Rivas, quien se sumó a la posición de los demandantes, solicitando la nulidad completa de la lista del Pacto Histórico. Este pronunciamiento, según Camerano, fue presentado apenas cuatro días después de su nombramiento, sin haber dado traslado del impedimento del procurador anterior y sin un conocimiento de fondo del proceso.
“Se pretende borrar 62.341 votos ciudadanos como si fueran un error administrativo”, afirma el abogado Camerano, quien denuncia que la omisión de notificación a los partidos ADA y MAIS, integrantes formales de la coalición, constituye una nulidad procesal insanable que no ha sido tenida en cuenta.
El memorial también critica la forma en que el Ministerio Público habría incurrido en aparentes conflictos de interés. Se menciona que el hijo del procurador delegado en asuntos administrativos, Wulfran Mendoza Osorio, es actualmente diputado por Cambio Radical, lo que —a juicio de la defensa— debió ser causal de impedimento para el procurador Lizcano Rivas.
El documento hace un llamado al magistrado ponente Oscar Wilches Donado para que no se preste al “juego perverso” de borrar toda la lista del Pacto Histórico, que ya ha sido validada por el Consejo Nacional Electoral, y cuyas resoluciones —las 11883 y 13772 de 2023— se encuentran en firme.
“Estamos ante un uso grosero de la justicia, donde actores procesales sin escrúpulos manipulan el sistema para reconfigurar el mapa político del Atlántico”, señala el memorial. También se cuestiona la plataforma digital SAMAI del Tribunal, que según la defensa solo permite comunicación en una vía, impidiendo la adecuada notificación y participación procesal de los partidos afectados.
El caso, que ha escalado en redes sociales y medios regionales, sienta un precedente delicado sobre el uso de las acciones de nulidad electoral como herramienta de presión política. La diputada Moreno y su defensa concluyen solicitando el reconocimiento de las nulidades procesales, la suspensión de cualquier fallo anticipado, y la garantía del debido proceso para todos los actores políticos involucrados.
