El presidente Gustavo Petro firmó un polémico decreto que le arrebata al Consejo de Estado la facultad de revisar tutelas que se interpongan contra actos de su Gobierno. La decisión ha sido interpretada por sectores políticos y jurídicos como una jugada para blindarse judicialmente y debilitar los controles institucionales.
El Consejo de Estado, máxima autoridad de lo contencioso-administrativo en el país, históricamente ha tenido la última palabra en muchas decisiones clave. Pero con este decreto, el Ejecutivo se aparta de ese camino y redirige el control de legalidad hacia otras instancias, abriendo la puerta a cuestionamientos sobre el respeto a la separación de poderes.
Petro, sin embargo, justificó la medida alegando que busca “garantizar el debido proceso” y evitar que el Consejo de Estado actúe como juez y parte. Pero críticos advierten que se trata de un paso más en su ofensiva contra los organismos que han puesto freno a decisiones presidenciales polémicas.
“La independencia judicial está en riesgo. Es inaceptable que el presidente cambie las reglas del juego cuando siente presión de los tribunales”, expresó un exmagistrado del alto tribunal, que pidió reserva de su identidad.
El decreto ya genera expectativa sobre un eventual pronunciamiento de la Corte Constitucional, mientras el país presencia otro capítulo en la tensa relación entre Petro y las altas cortes.
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