La revelación hecha por el presidente Gustavo Petro durante un acto público abrió un nuevo debate sobre la seguridad del Palacio presidencial. Según el mandatario, las armas que utiliza la Policía para custodiar la Casa de Nariño no pertenecen al Estado colombiano, sino que provienen de otra fuente que aún no ha sido detallada.
El anuncio genera interrogantes de fondo: ¿cómo es posible que la sede presidencial sea vigilada con armamento ajeno a las Fuerzas Militares y de Policía del país? ¿Bajo qué mecanismos llegaron esas armas a manos de la fuerza pública? ¿Existe algún convenio internacional o se trata de adquisiciones irregulares?
Más allá de la anécdota, la declaración toca un punto sensible: la soberanía. La seguridad de la Casa de Nariño no es un asunto menor, pues se trata del lugar donde se toman las decisiones de mayor impacto nacional. El uso de armas no oficiales o no adquiridas directamente por el Estado abre dudas sobre la transparencia en los procesos de compra, la dependencia de proveedores externos y los riesgos que implicaría tener material bélico que no está plenamente bajo control institucional.
La presidencia no ofreció detalles sobre la procedencia de dichas armas ni sobre las razones por las que están en uso en la custodia presidencial. Lo cierto es que el mensaje de Petro deja abierta la discusión sobre la autonomía en materia de defensa y la necesidad de fortalecer los sistemas de control y fiscalización en la adquisición de armamento en Colombia.
Por ahora, la revelación se convierte en una alerta que obliga a indagar quién provee las armas, bajo qué acuerdos, y si su utilización responde a necesidades de seguridad o a vacíos en los procesos oficiales de dotación. Una pregunta clave queda en el aire: ¿de quién depende realmente la seguridad de la Presidencia de la República?
