El presidente Gustavo Petro reaccionó con contundencia este martes tras conocerse la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ambos congresistas habrían recibido sobornos por valores cercanos a los 3.000 millones de pesos (Name) y 1.000 millones (Calle), según las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. El dinero provenía de presuntos sobrecostos en contratos de carrotanques para abastecer de agua a comunidades vulnerables en La Guajira.
Sin embargo, lo que más molestó al mandatario fue la insinuación de que dichos recursos ilícitos tenían como fin garantizar la aprobación de las reformas sociales propuestas por su gobierno. Petro fue categórico: “No sé si el señor Name recibió o no coimas, pero de algo estoy seguro: el senador Name actuó como un filibustero intentando destruir las reformas presentadas por mi gobierno”, expresó en su cuenta de X (antes Twitter).
Petro también aclaró que ni su gobierno promovió la elección de Name como presidente del Congreso, ni este apoyó alguna de sus iniciativas legislativas. “Lo que intentan es vincular a mi administración con hechos que, de comprobarse, solo demuestran la corrupción estructural de sectores tradicionales del poder”, afirmó el presidente.
La investigación ha revelado una compleja red de corrupción al interior de la UNGRD, dirigida entonces por Olmedo López, quien junto a Pinilla habría direccionado millonarios contratos a cambio de favores políticos. Ambos exfuncionarios aceptaron su responsabilidad y han implicado a altos funcionarios, incluyendo a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, hoy detenida.
En octubre de 2024, Petro rindió testimonio escrito ante la Corte Suprema, en el que negó tajantemente haber ordenado o conocido sobre pagos ilegales para promover sus reformas. Reiteró que cualquier funcionario de su gobierno implicado en actos de corrupción sería desvinculado inmediatamente.
El escándalo representa un duro golpe al Congreso y al panorama político colombiano, especialmente en un momento en el que el país atraviesa debates clave sobre la reforma a la salud, la pensional y la laboral. Mientras avanza el proceso judicial, la opinión pública y los sectores políticos observan con atención el desarrollo de uno de los casos de corrupción más significativos del actual gobierno.
