El presidente Gustavo Petro lideró este sábado en Medellín la movilización “Un pacto por la paz urbana”, en la plazoleta de La Alpujarra, en un acto en el que el Gobierno presentó los avances del proceso de diálogo con estructuras armadas urbanas. Aunque la jornada congregó a miles de simpatizantes y se centró en defender la política de “paz total”, la presencia simbólica o referencial de varios jefes de bandas criminales actualmente presos generó un fuerte rechazo de sectores políticos y autoridades regionales.
Durante su discurso de más de dos horas, el presidente reiteró su propuesta de una Asamblea Constituyente, celebró la aprobación de la reforma laboral y aseguró que la transformación de Medellín pasa por reconocer que los actores ilegales también deben ser parte de una salida negociada a la violencia urbana. Sin embargo, la aparición pública del proceso de paz con figuras del crimen organizado avivó las críticas.
La movilización liderada por el presidente en Medellín dejó en evidencia tanto el respaldo ciudadano a su agenda de paz y derechos sociales como las profundas divisiones que enfrenta en regiones clave como Antioquia. Mientras el Gobierno habla de “paz urbana” y reducción de la violencia, las autoridades locales y parte de la opinión pública cuestionan la legitimidad de los actores con los que se busca dialogar. El reto ahora será convertir las promesas en transformaciones concretas, sin debilitar el Estado de derecho ni agravar la polarización institucional.
¿Quiénes son los capos que generaron controversia?
El evento fue acompañado de manera simbólica por nueve cabecillas detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, algunos de ellos con extensos historiales criminales. Su mención y representación como interlocutores válidos del proceso generó una dura respuesta de los gobiernos departamental y municipal.
Alias “Tom” (Juan Carlos Mesa Vallejo): Exlíder de La Oficina de Envigado y del grupo Los Chatas, fue capturado en 2017 tras años de control territorial y alianzas con el Clan del Golfo. Condenado por narcotráfico y concierto para delinquir.
Alias “Douglas” (José Leonardo Muñoz Martínez): Jefe de la estructura La Terraza. Ha tenido participación activa en los diálogos de paz urbana desde su reclusión.
Alias “Pesebre” (Freyner Alfonso Ramírez García): Antiguo líder de Odín Robledo, condenado a 36 años por homicidio agravado. Su historial incluye nexos con paramilitares y múltiples homicidios.
Alias “El Indio” (Jhon Fredy Manco Torres): Exintegrante del bloque paramilitar Elmer Cárdenas y luego narcotraficante del Clan del Úsuga. Capturado en Brasil en 2013, condenado a más de 21 años en EE. UU.
Alias “El Saya” (Juan Camilo Rendón): Cabecilla actual de La Terraza. Ha sido capturado por homicidio, tráfico de armas y extorsión.
Alias “Albert” (Alberto Antonio Henao): Jefe del grupo Pachelly. Capturado en varias ocasiones por homicidios, control territorial y lavado de activos.
Alias “Juan 23” (Juan Fernando Álvarez): Líder de Niquía-Camacol, responsable de una guerra urbana que dejó más de 60 muertos en su disputa con Pachelly.
Alias “Vallejo” (Jorge Vallejo): Vinculado como enlace de alto nivel en La Oficina. Pese a tener un perfil menos público, es señalado como figura clave en la reorganización del crimen urbano.
Alias “El Tigre”: (Walter Román Jiménez) Aunque su identidad precisa es menos conocida, es señalado como jefe de una estructura en Itagüí que ha participado en el proceso de paz urbana.
Críticas de autoridades y advertencias de riesgo
El alcalde Federico Gutiérrez calificó la movilización como “una amenaza directa” y afirmó que “Petro le pone la lápida a Medellín” al legitimar públicamente a estos jefes delincuenciales. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, describió el acto como “una afrenta institucional”, advirtiendo que la paz urbana no puede construirse a costa de debilitar el Estado de derecho ni de otorgar tribuna a criminales sin sometimiento claro a la justicia.
Varios expertos en seguridad también manifestaron preocupación. Aunque la política de “paz total” busca desescalar la violencia en zonas urbanas, la exposición pública de figuras con graves antecedentes por narcotráfico, homicidios y control social sobre territorios genera dudas sobre los límites entre el diálogo y la impunidad.
Una apuesta por la transformación urbana
Según la Consejería Comisionada de Paz, el evento fue la culminación de dos años de trabajo con comunidades vulnerables de Medellín, en las que se han implementado estrategias de diálogo sociojurídico con actores armados, reducción de fronteras invisibles y aumento de la presencia institucional en sectores históricamente controlados por bandas criminales.
“El objetivo es que las personas puedan vivir sin miedo, acceder al espacio público y construir sus proyectos de vida sin estar sometidas a estructuras ilegales”, explicó el Gobierno en un comunicado.
Entre los logros destacados por la Presidencia se encuentran la disminución de homicidios, la reducción de restricciones de movilidad en algunas zonas, y el fortalecimiento de programas para jóvenes y niños, con el propósito de prevenir su vinculación con economías ilegales.
La movilización en Medellín evidenció los retos y controversias de implementar procesos de paz con estructuras armadas urbanas. Mientras el Gobierno celebra avances en reducción de homicidios y control territorial, sectores de oposición y autoridades locales cuestionan el costo institucional y simbólico de sentarse con figuras que por décadas han aterrorizado a la ciudad.
La discusión apenas comienza, pero el debate sobre hasta dónde puede llegar la paz urbana, y con quién, ya marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y la región antioqueña.
