La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por la situación del Pueblo Nasa del territorio Sa’th Tama Kiwe, Caldono, en Cauca, y llama, con urgencia, al Estado a tomar medidas efectivas de protección para garantizar su vida y su pervivencia cultural y física; e insta a los grupos armados no estatales a poner fin a los homicidios, amenazas, intimidaciones, hostigamientos, reclutamientos de niñas y niños, y desplazamientos forzados.
En lo que va del año 2023, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos documentó 6 homicidios de autoridades, líderes y/o defensores de derechos humanos del pueblo del territorio Sa’th Tama Kiwe, Caldono. Ellos son: el líder indígena Nasa Wilson Bomba Piamba, asesinado en marzo; el guardia indígena William Vargas Peña, asesinado en mayo; la autoridad indígena Alexander Chocue Peña, asesinado en junio; el líder y defensor de derechos humanos Freddy Bomba Campo, asesinado en julio; el sabedor ancestral y ex autoridad indígena Rogelio Chate, asesinado en noviembre; y el guardia indígena Eliécer Chocue, de la laguna Siberia, asesinado el 24 de diciembre.
Después de la asamblea comunitaria realizada el 22 de diciembre en el resguardo La Laguna-Siberia, en marco de la jurisdicción especial indígena y como ejercicio de justicia y autonomía, la Oficina documentó amenazas, señalamientos y un homicidio.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condena, además de los abusos narrados antes, el uso y reclutamiento forzado de niñas y niños, y los combates de grupos armados no estatales en medio de la población. La Oficina reitera a los actores armados no estatales su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, en particular los derechos de los pueblos étnicos, que incluyen su autonomía y gobierno propio.
La Oficina urge al Estado a cumplir con su obligación de garantizar los derechos humanos de la población y a que trabaje con las autoridades étnicas en un plan de protección de su vida, de su cultura y de su territorio.
Finalmente, la Oficina llama al Estado y a los actores armados no estatales a que en los diálogos de paz, que se desarrollan, tengan como prioridad garantizar la vida y los derechos de la población civil en todo el país.
