El país vuelve a estremecerse con una historia que duele en lo más profundo.
Un joven campesino de 27 años, con discapacidad cognitiva, fue torturado durante horas en una base militar en Frontino, Antioquia, y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue arrojado al río El Cerro y hallado semanas después por las autoridades.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a nueve integrantes del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el 7 de octubre. Entre los señalados están el teniente Leider Ortiz Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz
La víctima fue retenida bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Dentro de las instalaciones militares habría sido desnudada, golpeada y colgada de un árbol, las torturas, según la investigación, se extendieron por más de cinco horas hasta causarle la muerte. Después, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, llevado al helipuerto y arrojado al río.
El dictamen del Instituto de Medicina Legal confirmó que la causa de muerte fue consecuencia directa de los actos de tortura.
Tres semanas más tarde, el cuerpo fue encontrado en el afluente y trasladado para su identificación.
Los delitos imputados son tortura, homicidio y desaparición forzada, todos agravados. Los cargos no fueron aceptados, por decisión judicial, los militares deberán cumplir medida de aseguramiento en una guarnición militar.
El caso ha generado conmoción en Antioquia y revive el debate sobre el respeto por la vida, la dignidad humana y la responsabilidad de las instituciones en zonas donde la violencia aún deja cicatrices que no sanan.
