Durante las últimas semanas, múltiples ataques violentos —incluidos disparos, explosivos caseros y panfletos intimidantes— han sacudido sectores como el Centro Histórico, el suroccidente de Barranquilla, y municipios vecinos como Malambo, Galapa y Puerto Colombia. La modalidad se repite: presuntos integrantes de bandas criminales exigen dinero a cambio de “protección”, y quienes se niegan sufren las consecuencias.
“Ya no podemos trabajar tranquilos. Uno abre el local con el corazón en la boca”, relata María C., vendedora de ropa informal en el mercado de Barranquillita. “Los que no pagan, los amenazan o los atacan”.
La situación ha encendido las alarmas entre las autoridades. El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que se han desplegado grupos especiales de inteligencia y se trabaja de la mano con la Fiscalía en capturas y judicialización. “No vamos a permitir que la delincuencia atente contra el motor económico de la ciudad”, afirmó.
Fenalco Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla y otros gremios empresariales han exigido una intervención urgente del Gobierno Nacional. “Los comerciantes no pueden seguir siendo blanco del crimen organizado. Necesitan garantías para operar con seguridad”, dijo Yilda Castro, directora ejecutiva de Fenalco.
El fenómeno de la extorsión no es nuevo, pero se ha intensificado, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños negocios familiares. Según fuentes oficiales, ya se han identificado más de 40 denuncias formales en lo que va del año, aunque la cifra real podría ser mayor, dada la renuencia de muchas víctimas a hablar por temor a represalias.
La ciudad se encuentra bajo vigilancia reforzada y se ha puesto en marcha un plan de choque en los puntos más afectados. Aun así, la incertidumbre reina entre quienes cada día salen a buscar el sustento. “No es solo el dinero que perdemos —dice Henry— es la vida que arriesgamos por tratar de sobrevivir”.
