La justicia en Barranquilla vuelve a estar en el ojo del huracán. Un juez de control de garantías emitió una medida de aseguramiento contra Digno Palomino, señalado como uno de los más temidos cabecillas de la banda delincuencial Los Pepes, pero lo hizo sin justificar debidamente las razones jurídicas que la sustentaban.
La omisión no es menor: el Tribunal Superior de Barranquilla declaró nula la medida de aseguramiento y dio un plazo perentorio hasta el próximo lunes para que el juez explique por qué Palomino debe seguir recluido en un centro carcelario. De no hacerlo, el jefe delincuencial podría recuperar su libertad por un error atribuible al aparato judicial.
La situación genera alarma, no solo porque se trata de un hombre con amplio prontuario, sino porque la ligereza del juez pone en evidencia la fragilidad de las decisiones judiciales frente a cabecillas del crimen organizado. Un fallo mal sustentado puede abrirle la puerta a Palomino para volver a las calles, debilitando la confianza ciudadana en la justicia y en las instituciones que deberían garantizar seguridad.
Organismos de seguridad han advertido que Los Pepes mantienen control en varios sectores de Barranquilla y el área metropolitana, con actividades que van desde la extorsión hasta el microtráfico. Sin embargo, los avances de la fuerza pública quedan en entredicho si las decisiones judiciales se caen por descuidos procesales.
Este nuevo episodio revive cuestionamientos recurrentes: ¿negligencia, incapacidad o intereses ocultos detrás de la justicia en el Atlántico? Lo cierto es que la ciudadanía observa con preocupación cómo errores técnicos pueden convertirse en salvavidas para estructuras criminales que deberían estar enfrentando la ley con todo su peso.
El reloj corre. El juez tiene hasta el lunes para enmendar su falta y demostrar que la justicia no está jugando del lado de la delincuencia.
