#MiOpinión
En recientes días apareció en redes sociales una réplica por parte del exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, a una columna que escribió la amiga y periodista Johana Fuentes, en el medio de comunicación, Cambio, titulada ¡Cuidado con el Mesías!.
Lea la columna de Johana Fuente.👇
https://cambiocolombia.com/puntos-de-vista/cuidado-con-el-mesias
En solidaridad con la Colega y conociendo el excelente trabajo de la Comunicadora, quien fuera mi compañera de trabajo en Noticias Uno, no podía quedarme callada antes semejante cinismo político.
Me pica la lengua
Sobre lo que escribió el ex alcalde Rafael Martínez se le puede decir que tapar el sol con un dedo es imposible.
Estos fútiles apuntes merecen algunas consideraciones. Resulta, en primer lugar, muy pertinente dejar plenamente por sentado que me declaro como la más ferviente admiradora de la Constitución Política que, en mi opinión, y sin perjuicio de las cumbres literarias de nuestro país, estimo que es el libro mejor escrito de Colombia, en cuanto consagra los principios, valores, derechos fundamentales y garantías que sirven de sólido pilar para una sociedad sana y próspera.
En consecuencia, me declaro absolutamente respetuosa de los principios de presunción de inocencia y debido proceso postulados en la Carta Magna, muy por el contrario a lo ligeramente afirmado por el acusado Martínez en su inopinada reacción.
En este sentido, debo resaltar que el “dolido” (más bien asustado) exalcalde parece que desconoce que la presunción de inocencia, como cualquier otro principio constitucional, no es comprendido en términos absolutos sino que debe ser aplicado en los casos judiciales mediante la utilización de otro principio fundamental: el de ponderación (el cual, sin duda, es totalmente inobservado por este acusado en su escrito, bien sea por ignorancia o por conveniencia) sin soslayar que el principio de presunción de inocencia es desarrollado legalmente como presunción juris tantum, esto es, que admite prueba en contrario.
Valga, entonces, relievar que si bien, como lo manifiesta el acusado, una imputación no es una condena, si es considerada como una forma de desvirtuar la presunción de inocencia que lo cobija durante todo su procesamiento penal, dado que la ley demanda, para que se formule una correcta imputación, que se encuentre respaldada por un mínimo probatorio que permita inferir razonablemente la existencia del hecho delictivo y sus posibles autores o partícipes.
Yendo un poco más allá, no hay que olvidar que en contra de Martínez, y otros, no solo se les formuló imputación sino que también les pesa formal acusación, para la cual la misma ley de procedimiento penal exige que exista probabilidad de verdad no solo de la ocurrencia de las conductas delictivas que se le achacan sino también en cuanto a que el imputado es su autor, por tanto, bien puedo afirmar, sin ser abogada, que la presunción de inocencia que reclama se haya genuinamente mermada con el arsenal de pruebas recaudadas por la Fiscalía, en consecuencia, lo que ha manifestado Johana Fuentes en su columna no representa ningún agravio como torticeramente lo pretende hacer ver el futuro candidato a la Gobernación del Magdalena, más aún si se tiene en cuenta que lo que se expresa en dicha columna es que se encuentra libre pero aún vinculado al trámite penal.
En cuanto al debido proceso, solo puedo asegurar que se han brindado todas las garantías para ejercer libremente su defensa como mejor le parezca, tanto así que, incluso, los Jueces sospechosamente han brindado oportunidades que la ley no estipula para presentar las pruebas que estime pertinentes.
Sobre esto, es sabido que hoy en día cursa una denuncia contra el Juez de su causa, respecto de la que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta así como la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena se han hecho de la vista gorda, pues ningún avance se ha presentado en esta investigación, por lo que también es válido interrogarme ¿qué pasa aquí con el debido proceso y el principio de celeridad? Esta actuación penal discurre bajo el manto del misterio, pero eso es material para otra columna.
Arriba ya había manifestado que el exalcalde samario podría estar antes que “dolido” más bien asustado por el contenido de la columna escrita que ofendieron tanto al intocable exalcalde de Santa Marta, y es que, claro, nos encontramos en un año electoral en el que se vislumbra su posible afán por alcanzar la Gobernación Departamental así como su partido o movimiento continuar al frente de la Alcaldía Distrital, de modo que opiniones como la de la periodista, obviamente, para nada convienen al interés evidente de hacerse nuevamente con el poder político en la región y perpetuarse en la impunidad.
Mantener su imagen pública en esta aciaga época de la vida Magdalenense es de tan vital importancia que lo lleva nuevamente a mentir a la colectividad, hasta el punto de manipular y distanciarse de la realidad en su disparatado mensaje, en la falsa creencia de que la población votante se tragará entero, una vez más, sus artificios politiqueros.
Y digo manipular, por cuanto afirma en su escrito, de un lado, que su Patrón, Carlos Caicedo, nunca firmó ningún contrato en relación con la “remodelación” de los centros de salud en Santa Marta, lo cual es cierto, pero seguramente no por su voluntad sino porque la ley no se lo permitía.
Lo que no dice el acusado, porque no le conviene a sus intereses políticos, es que la acusación concretamente contra el Cacique de Fuerza Ciudadana fue haber participado autorizando el trámite contractual, sin contar con los estudios previos ni las licencias ni los permisos que demanda la ley como requisitos esenciales, a su servil y obediente Gerente de la ESE Alejandro Próspero Reverend, quien, ni corto ni perezoso, suscribió irregularmente el contrato Nº PS004/2014, acatando ciegamente las órdenes del amo político que le “brindó” la oportunidad de ejercer tal cargo, sin pensar en el futuro lío en que se vería envuelto.
Así mismo, también digo que, por otra parte, miente cuando afirma que él (Rafael Martínez) nunca firmó el contrato estatal que dio continuidad a la remodelación ya no de cinco sino de tres de los puestos de salud que dejó inconclusos su Mesías.
Basta con una lectura desprevenida al contrato Nº 007 del 23 de noviembre de 2016 para darse cuenta, sin mayor esfuerzo intelectual, que está suscrito por Rafael Martínez en su condición de Alcalde Distrital de Santa Marta y que las pruebas aportadas por la Fiscalía al proceso penal apuntan de manera concluyente a que en este contrato tampoco se tramitaron, como documentos previos, las licencias y permisos de ley requeridos para demoler y re-construir los centros de salud.
Basta ya de tratar de aprovechar las opiniones periodísticas para expectorar su politequería y, al tiempo, desprestigiar a la columnista, solicitando correcciones que no tienen fundamento alguno.
La suscrita de esta columna de opinión viene solicitando desde hace menos de dos años información sobre estos procesos y he puesto en alerta a los entes para que se tenga encuentra las pruebas que reposan en la fiscalía contra Rafael Martínez e investigue a los funcionarios que han pasado por alto la administración de justicia de manera imparcial.
Por último, y para no agotar más al generoso lector, tengo que brevemente señalar que la tan cacareada ilegalidad que se dictó por un Juez Penal del Circuito de Santa Marta en segunda instancia (impulsada por una malhadada acción de tutela) y en virtud de la cual se encuentra en libertad, está siendo objeto de una indagación adelantada por la Unidad Anti-corrupción de la Fiscalía en la ciudad de Bogotá, pero que, como todas aquellas actuaciones penales en las que están involucrados estos personajes samarios, se desarrolla en un opaco y paquidérmico ostracismo.
Algún día, la verdad saldrá a la luz, esperemos que para entonces no hayan prescrito las acciones penales contra estos líderes de comarca, por lo pronto y hasta entonces, aquí no hay nada que corregir! Espero no ser atacada mediáticamente o emprendan una persecución jurídica contra mi persona, cómo acostumbra hacer el Sr Martínez cuando no se simpatiza o no hace parte del comité de aplausos.
