En lo que constituye su último acto oficial como cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho, el ministro Eduardo Montealegre Lynett presentó a la Comisión Asesora de Política Criminal el Proyecto de Ley Estatutaria “Por medio del cual se crea la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado y se dictan otras disposiciones”.
La iniciativa busca dotar a la Fiscalía General de la Nación de una herramienta institucional poderosa y especializada para la lucha frontal contra la macrocriminalidad y el narcotráfico. La Comisión Asesora será la encargada de iniciar el estudio técnico y jurídico del proyecto, paso preliminar necesario para impulsar su posterior trámite legislativo ante el Congreso de la República.
Enfoque Estratégico y Preventivo
El proyecto contempla la creación de la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado, una dependencia especializada que estaría adscrita a la Fiscalía General de la Nación. Su misión principal será ejercer funciones de investigación con un enfoque estratégico y preventivo, buscando anticipar las actividades investigativas frente a las organizaciones criminales que operan en el país.
Según la comunicación oficial del Ministerio, la Guardia operaría bajo criterios de control judicial estricto, sujeción al principio de legalidad, y en coordinación con los demás organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Esta nueva entidad se percibe como un fortalecimiento de la capacidad estatal para desmantelar estructuras delictivas y proteger la seguridad ciudadana mediante competencias innovadoras con un marcado carácter preventivo.
Refuerzo en Transparencia y Control
Un componente crucial de la propuesta es la introducción de mecanismos reforzados de transparencia, control y vigilancia democrática sobre las actividades de inteligencia a cargo de la Guardia.
El Ministerio de Justicia enfatizó que esta medida se alinea con los estándares internacionales y responde directamente a las obligaciones surgidas de la sentencia “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia” (CAJAR), proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023. Dicha sentencia exigió al Estado colombiano el fortalecimiento de los controles, la regulación y la supervisión civil sobre los organismos de inteligencia, así como su estricta sujeción a los principios de legalidad y proporcionalidad.
Con la presentación de esta Ley Estatutaria, el Ministerio de Justicia y del Derecho busca promover un modelo de justicia más proactivo y articulado, reafirmando su compromiso con la modernización de la política criminal y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
