Por: Redacción
*El ministro Molano señaló que el Gobierno va a interponer todos los recursos legales para garantizar la aspersión.
El Gobierno nacional reiteró sus intenciones de iniciar una vez más la aspersión aérea con glifosato a cultivos ilícitos, luego de que se conociera una tutela que busca ponerle freno a dicha actividad.
El ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que ya se tienen todos los equipos preparados para cumplir con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional y de esta manera dar inicio en abril con la aspersión aérea.
“Vamos a combinar todos los esfuerzos: primero, en erradicación manual; segundo, con desarrollo alternativo, pero también cumpliendo con los requisitos que establece la Corte Constitucional iniciaremos la aspersión en las zonas donde corresponde”, indicó el funcionario en diálogo con la emisora RCN Radio.
Asimismo, sostuvo que el Gobierno va a interponer todos los recursos legales para garantizar la aspersión, “mecanismo que es necesario y que complementa todos los otros esfuerzos” para cumplir con erradicación de cultivos.
Por otra parte, el Molano también se refirió a la situación que se vive en el departamento del Cauca, donde habitantes de El Tambo, tanto campesinos como indígenas, no permitieron el ingreso de uniformados del Ejército Nacional.
“El mandato de la constitución es claro: el Ejército colombiano, nuestras fuerzas militares, deben desarrollar operaciones en todos los rincones del país para garantizar la seguridad de los colombianos. Por eso utilizaremos todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección de toda la población”, aseguró.
Molano insistió en que en ninguna parte del país hay zonas vedadas para las fuerzas militares.
La tutela
Un Tribunal Superior de Pasto decidió, el pasado miércoles 13 de enero, admitir una tutela que busca detener la fumigación con glifosato y acoger las medidas provisionales.
En sus apartes más importantes, el fallo dice los siguiente:
“Se ordena la suspensión de la Resolución 001 de 2020 emitida por la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, hasta tanto se resuelva de manera definitiva la presente acción constitucional”, se lee en la decisión judicial.
El colectivo Orlando Fals Borda le dijo a la publicación que “los efectos de dicha resolución quedan suspendidos, sin efectos jurídicos y por lo tanto, se abre la posibilidad de que para el trámite de modificación de licenciamiento ambiental que se requiere para el reinicio del programa de fumigación sea necesario agotar el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado”.
En la audiencia que se desarrolló el pasado diciembre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), representando a otras dos organizaciones (Elementa, Consultoría en Derechos, y Acción Técnica Social), entregaron sus consideraciones para argumentar que la ANLA no debía otorgar la modificación del Plan de Manejo Ambiental para reanudar el PECIG, o Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato.
