En respuesta a las recientes críticas que advierten sobre una supuesta extralimitación en funciones por parte del ministro de Salud al radicar la consulta popular 2.0, el Ministerio ha salido al paso para aclarar que dicha acción se realizó plenamente dentro del marco legal y conforme a sus atribuciones establecidas.
La consulta popular 2.0 es un mecanismo diseñado para promover la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con temas prioritarios de salud pública, fortaleciendo así la democracia participativa. Según explican expertos en derecho constitucional, la iniciativa del ministro se enmarca en los procedimientos establecidos para la presentación de consultas populares, y no constituye una violación ni una extensión indebida de sus funciones.
El ministro de Salud ha defendido la radicación de la consulta argumentando que este tipo de procesos son fundamentales para garantizar que las políticas públicas reflejen la voluntad y las necesidades reales de la población. Asimismo, aseguró que el gobierno está comprometido con la transparencia y la inclusión social, por lo que este mecanismo sirve como un canal efectivo para recoger la voz ciudadana en asuntos de interés colectivo.
Por otra parte, analistas políticos señalan que la controversia en torno a esta consulta refleja más una disputa política que un conflicto jurídico, ya que los límites y competencias del Ministerio están claramente definidos y no se han transgredido. El debate, según estos expertos, debe centrarse en la relevancia del contenido de la consulta y en cómo esta puede contribuir a mejorar la gestión en salud pública.
Con la consulta popular 2.0, el Ministerio de Salud pretende abordar temas clave que afectan la salud de la población, como la regulación de medicamentos, el acceso a servicios médicos y la prevención de enfermedades. Se espera que esta iniciativa fortalezca la participación ciudadana y aporte a la construcción de políticas más inclusivas y efectivas.
