Mel Gibson, actor y director conocido por su talento… y por sus polémicas, vuelve a estar en el centro del debate público. A sus 69 años, ha recuperado legalmente el derecho a portar armas en Estados Unidos, a pesar de haber sido condenado en 2011 por violencia doméstica contra su expareja Oksana Grigorieva, mientras esta sostenía en brazos a su bebé.
La decisión fue impulsada por la fiscal general Pam Bondi y ha causado una fuerte división en el Departamento de Justicia. Elizabeth G. Oyer, abogada encargada de indultos, se opuso firmemente al restablecimiento del derecho de Gibson a tener armas, advirtiendo sobre los posibles riesgos que representaría. Su negativa le costó el puesto.
Esta restauración de derechos ha sido interpretada por muchos como una muestra de favoritismo o incluso de influencia política. Gibson, simpatizante declarado del expresidente Donald Trump, fue nombrado “embajador especial” en Hollywood por el propio Trump. Esto ha hecho que varios sectores cuestionen si su cercanía con el poder ha pesado más que su historial judicial.
El caso de Gibson reabre la discusión sobre cómo se aplican las leyes en Estados Unidos: ¿todos tienen realmente las mismas consecuencias por sus actos? ¿Puede alguien con antecedentes por violencia doméstica recuperar el derecho a portar armas mientras miles de ciudadanos comunes enfrentan trabas por mucho menos?
