El 7 de junio, en un mitin político en el occidente de Bogotá, un menor de edad se mezcló entre la multitud. En cuestión de segundos, sacó un arma de fuego y disparó por la espalda contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador. Ese ataque, que sacudió al país, no fue un acto súbito de violencia ciega. Había sido advertido con 13 días de antelación en un documento al que SEMANA tuvo acceso exclusivo, y que hoy revela un entramado de omisiones que pudo cambiar la historia.
De acuerdo con ese documento confidencial, un fiscal especializado en crimen organizado se entrevistó con un preso de “alto perfil” en la cárcel de Itagüí, Antioquia. El interno le entregó información detallada sobre una estrategia criminal en marcha. Según sus palabras, el plan era atentar contra líderes del Centro Democrático y figuras cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Miguel Uribe encabezaba la lista, junto con nombres de alto peso político: las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, el senador Jota Pe Hernández, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, la concejala Claudia Carrasquilla y el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.
El preso relató cómo, dónde y bajo qué modalidad se ejecutaría el ataque. Lo que dijo coincidió, trece días después, con el atentado perpetrado contra Uribe Turbay.
Y, sin embargo, nada pasó. No se emitieron alertas, no se fortalecieron los esquemas de seguridad, no se informó al equipo de protección del senador.
Falta de reacción a la alerta.
La advertencia no fue un simple rumor de cárcel. Quedó consignada en una carta formal que, según pudo establecer SEMANA en exclusiva, fue dirigida a la directora seccional de Fiscalías en Medellín, Esperanza Amaya Pascuas. En ese oficio, se recordó una conversación sostenida previamente en la que un fiscal especializado había recibido la alerta: existía un plan criminal en marcha contra el senador Miguel Uribe Turbay.
La misiva detallaba que el fiscal de crimen organizado había sido informado de la amenaza y, pese a la gravedad de los hechos, el asunto no trascendió más allá del despacho que la recibió. La información quedó guardada en un cajón, sin que se activaran protocolos de prevención o medidas adicionales de seguridad.
Para la concejal Claudia Carrasquilla, este episodio constituye mucho más que un error administrativo. “Se trata de una negligencia gravísima que terminó costándole la vida a nuestro senador Miguel Uribe Turbay —advirtió—. De haberse comunicado a tiempo, se hubiesen reforzado las medidas de seguridad y quizá se habría evitado la tragedia. Aquí hay que presentar las respectivas denuncias por esta omisión de la Fiscalía y exigir la renuncia inmediata de la directora de fiscalías en Antioquia, por ocultar información tan importante”.
Mientras la Fiscalía cargaba con el peso de sus silencios y omisiones, los investigadores de la Policía siguieron otra pista: las palabras incendiarias de Iván Márquez, el jefe máximo de la Segunda Marquetalia. Para ellos, el discurso que lanzó meses atrás no fue un simple mensaje propagandístico, sino la hoja de ruta que anticipó lo que vendría.
En aquel video, Márquez habló de una “nueva modalidad de lucha”. Y lanzó una advertencia que hoy resuena con fuerza tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay:
“El objetivo no es el soldado, ni el policía, será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y mafiosa”.
Ese cambio en el blanco de los ataques —ya no la Fuerza Pública, sino los dirigentes políticos catalogados como “oligarcas”— encajaba de forma perturbadora con la ejecución del crimen contra el senador del Centro Democrático.
Los investigadores encontraron que las hipótesis sobre la autoría de la Segunda Marquetalia compartían un mismo patrón: una cadena de atentados planeados contra líderes políticos de derecha, críticos de la disidencia, e incluso contra los propios excombatientes que se mantuvieron firmes en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
La inteligencia técnica de la Policía rastreó comunicaciones, interceptaciones y testimonios, y logró identificar lo que llamaron “un hilo conductor” entre el discurso de Márquez y el atentado contra Uribe Turbay. Para los uniformados que llevan el caso, no hay duda de que la huella de la Segunda Marquetalia está impresa en el crimen.
Lo que hoy queda en evidencia es un patrón dolorosamente conocido en la historia de Colombia: el Estado recibe información, la subvalora, y las balas terminan marcando el destino de la política.
