La historia de corrupción que durante meses ha sacudido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un nuevo capítulo. Esta vez, con una aceptación de responsabilidad que marca un punto decisivo en el proceso judicial: Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la entidad, será condenado tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
La juez penal de conocimiento de Bogotá avaló la negociación presentada por el ente acusador, según la cual Barreto aceptó haber direccionado contratos dentro de la entidad y haber intentado interferir en las declaraciones de otros involucrados en el entramado de corrupción.
Los hechos que lo llevaron a aceptar cargos
Barreto admitió los delitos de peculado por apropiación agravado y soborno en actuación penal.
Como parte de la reparación, reintegró 100 millones de pesos y se comprometió a devolver 50 millones más, representados en un bien inmueble. Estos recursos corresponden al dinero que recibió por orientar de manera irregular la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023, destinada al suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.
Pero el direccionamiento de contratos no fue su única actuación ilícita. Según la Fiscalía, Barreto —a través de un abogado— ofreció 3.000 millones de pesos o el 5% de un contrato a Sneyder Augusto Pinilla, así como 10.000 millones de pesos a Olmedo de Jesús López, ambos exdirectivos de la UNGRD, para que se retractaran de las declaraciones que lo comprometían penalmente. El intento fue una maniobra desesperada para borrar su nombre del expediente.
La pena pactada y la controversia
En el marco del preacuerdo, Barreto recibirá una condena de 4 años, 9 meses y 15 días de prisión. Sin embargo, no todo está dicho: la decisión de la juez fue apelada por los abogados de dos víctimas reconocidas dentro del proceso, quienes consideran insuficiente o inadecuado el alcance de la negociación.
Un caso que sigue revelando la dimensión de la corrupción
La historia de los carrotanques de La Guajira se convirtió en uno de los escándalos más desalentadores de los últimos años, no solo por el desvío de recursos públicos, sino porque estaba destinado a una de las poblaciones más vulnerables del país. El caso de Barreto confirma, una vez más, que la corrupción no solo se mide en cifras, sino en el impacto humano que deja a su paso: comunidades sin agua, contratos amañados y una institucionalidad que intenta recomponerse golpe tras golpe.
La decisión judicial contra Barreto es un paso, pero aún quedan muchas piezas por encajar en un entramado que sigue siendo objeto de investigación.
