Mientras la Fiscalía analiza trasladar a Bogotá un proceso por amenazas contra el empresario Rafael Matera, antiguos jefes paramilitares vuelven a aparecer en el expediente con versiones que han sido discutidas durante más de una década.
La declaración que el exsenador Álvaro Ashton entregó recientemente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP abrió nuevamente la discusión sobre la presunta participación de empresarios del Caribe en el financiamiento y expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En su diligencia de aporte de verdad, Ashton respondió a preguntas de la magistrada auxiliar Ángela Rocío Martínez y afirmó que “empresarios de Barranquilla y del resto de la región” habrían contribuido a la consolidación del entonces Frente José Pablo Díaz.
Aunque su testimonio no se hizo público en su totalidad, fuentes cercanas al proceso señalaron que Ashton mencionó nombres que ya aparecían en expedientes de Justicia y Paz, entre ellos el del empresario Rafael Matera, cuya situación judicial volvió a moverse en Bogotá.
Un proceso que podría cambiar de despacho
Documentos conocidos por Caracol Radio y otros medios indican que el Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales del despacho de la fiscal general estudia si un proceso por el delito de amenaza, instaurado contra Matera, debe ser trasladado de Barranquilla a Bogotá.
La solicitud fue presentada por el abogado Jhony Mercado, quien asegura que desde 2020 la Fiscalía Seccional del Atlántico no ha avanzado en la investigación sobre supuestas amenazas que según él, habrían sido dirigidas contra su vida por personas relacionadas con Matera.
El documento interno señala que la Fiscalía evaluará la pertinencia de citar una mesa técnica con la Delegada para la Seguridad Territorial, la Seccional Atlántico, el fiscal del caso y asesores del nivel central, con el fin de determinar si existen argumentos suficientes para reasignar el proceso.
Mercado también denunció una presunta “falsa denuncia” en su contra; el fiscal que asumió esa actuación le respondió que hace parte de una carga laboral de 1.358 procesos que debe atender y que su caso avanza según disponibilidad.
Lo que dicen los exparamilitares: Segura, Mancuso y otros nombres
Las referencias a empresarios en este contexto no son nuevas. Salvatore Mancuso y otros exjefes paramilitares ya habían mencionado a varios de ellos en versiones libres de Justicia y Paz. Entre esos testimonios aparece también el del desmovilizado Juan Francisco Segura Gómez, alias “Mario” o “El Alacrán”, antiguo integrante del Bloque Norte.
Segura dijo ante fiscales de Justicia y Paz que:
Matera —a quien él identifica con el alias “300”— habría entregado recursos y pedido apoyo logístico a las autodefensas en el corredor entre El Copey y Algarrobo (Cesar).
En instalaciones de una empresa palmera de la zona, según su versión, se habría recibido fusilería destinada a hombres del bloque, quienes a cambio realizaban labores de vigilancia.
También afirmó que algunos homicidios cometidos por las AUC en ese territorio habrían ocurrido “por instrucciones que llegaban de esos mismos empresarios”.
Esos señalamientos también fueron respaldados, en parte, por otro exintegrante del bloque, Jorge Escorcia, alias “Rocoso”, cuyos testimonios fueron remitidos por la Sala de Justicia y Paz a la Fiscalía en compulsas de copias desde hace más de una década.
No obstante, en 2020, la Fiscalía Octava de Valledupar decidió precluir una investigación basada en esas mismas declaraciones. El despacho argumentó que los testimonios “carecían de credibilidad y de sustento probatorio independiente”, razón por la cual no se configuraban elementos suficientes para acusar a los empresarios mencionados.
La versión de la defensa de Matera
Consultado por este medio, encontramos que el abogado defensor de Rafael Matera sostuvo que su representado no conoce los señalamientos recientes de Ashton y que se presentará ante las autoridades cada vez que sea requerido. Aseguró que Matera ha salido avante en investigaciones anteriores por la ausencia de elementos que vinculen su conducta a grupos armados ilegales.
Frente a la denuncia del abogado Mercado, la defensa insistió en que se trata de una “falsa acusación”, y recordó que la Fiscalía ya solicitó audiencia de preclusión por considerar que “la conducta no existió”.
Un caso que se vuelve a mover
La decisión sobre trasladar el proceso a Bogotá podría convertirse en un punto de inflexión. Para algunos sectores, dar un manejo centralizado le daría mayor independencia al expediente; para otros, reviviría un capítulo de denuncias que ya han sido archivadas en distintas oportunidades.
Mientras tanto, los testimonios de Ashton, de antiguos jefes paramilitares y de víctimas que piden claridad siguen alimentando un rompecabezas que, dos décadas después del auge paramilitar en el norte del país, todavía no se cierra.
