Exjefes de las FARC admiten reclutamiento de más de 18.000 menores durante el conflicto armado
Bogotá, 8 de julio de 2025 — En una declaración histórica ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los antiguos comandantes de la extinta guerrilla de las FARC reconocieron el reclutamiento forzoso de al menos 18.667 niños, niñas y adolescentes entre los años 1996 y 2016. El reconocimiento hace parte del caso 07, que investiga los crímenes cometidos contra menores de edad en el marco del conflicto armado colombiano.
La cifra revelada supera ampliamente los registros oficiales que hasta ahora manejaban tanto el Estado como las organizaciones de derechos humanos, lo que da cuenta de la magnitud de esta práctica sistemática dentro de la antigua insurgencia.
Un crimen de guerra sistemático
Según los magistrados de la JEP, este reclutamiento no fue incidental ni producto de decisiones individuales, sino parte de una política sostenida y generalizada al interior de las estructuras de mando de las FARC-EP. Los menores fueron utilizados en funciones de combate, inteligencia, logística, y muchas veces sometidos a trabajos forzados, abusos sexuales y tratos crueles.
«Este es un paso importante hacia la verdad. Las víctimas han esperado años para que se reconozca públicamente el daño que se les hizo», afirmó el magistrado Gustavo Salazar, integrante de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
Confesión ante la JEP
Entre los firmantes de la declaración están reconocidos excomandantes como Rodrigo Londoño (Timochenko), Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), y Pablo Catatumbo. En el documento, los comparecientes aceptan su responsabilidad por ordenar o permitir el reclutamiento de menores, y aseguran que están comprometidos con los principios de justicia restaurativa.
“Lo reconocemos con vergüenza. Fue una práctica que no debimos permitir y que causó un dolor inmenso e irreparable a miles de familias en todo el país”, expresó Pastor Alape en la audiencia.
Las víctimas: entre el dolor y la esperanza
Organizaciones de víctimas, como la Corporación Rosa Blanca —que agrupa a exniñas reclutadas por las FARC—, recibieron la confesión con escepticismo, pero también como un avance significativo.
“No basta con que digan la verdad, aunque es un paso importante. Las víctimas esperan reparaciones reales y garantías de no repetición”, dijo Ana María Velandia, vocera del colectivo.
Lo que sigue
Con este reconocimiento, los excomandantes podrían evitar penas privativas de libertad si la JEP considera que han contribuido de manera efectiva al esclarecimiento de los hechos y a la reparación de las víctimas. No obstante, en caso de que se considere que hubo omisiones o verdades a medias, podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.
El caso 07 sigue abierto y se espera que en los próximos meses se realicen nuevas audiencias con testimonios de víctimas y se avance hacia las sanciones propias del modelo de justicia transicional.
