En el año 2015, La Agencia Nacional de Infraestructura requería de unos predios para efectos de una obra vial de construcción de la Tercera Calzada Bogotá – Girardot, para lo cual inició un proceso de Expropiación ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar en contra de los supuestos desplazadores e impostores.
El Juzgado de conocimiento dictó sentencia de expropiación afectando a los verdaderos propietarios y favoreciendo a los presuntos tierreros, ordenándoles cancelar por concepto de indemnización, la suma de treinta y seis mil millones de pesos $36.000.000, por lucro cesante y daño emergente, amparados en escrituras falsas y en registros inmobiliarios fraudulentos. Por una extensión de tierra inferior a 4 hectáreas, es decir, 39 mil metros cuadrados, que la Agencia a la fecha no ha ocupado.
La ANI favoreció en el proceso a José Antenor González Torres, quien al parecer encabeza una empresa criminal en donde vinculan a funcionarios públicos y a terceros con el fin de desposeer a campesinos de sus fincas y propiedades, como ahora lo pretenden hacer con el linaje de los BARRAGÁN; En igual disposición actúa Hemel Pérez Lizarazo, quien ha pretendido, junto con González Torres, apoderarse del predio “rancho luna”, que hace parte de “la finca el Pedregal” y «que según las misma familia Barragán, «había sido invadida por Ramiro Rodríguez Guaqueta, quien en vida logró por Resolución No. 1018 de 2002, del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, que se le adjudicara el inmueble argumentando que eran “terrenos baldíos”, sin embargo al demostrarse que eran predios privados se le revocó dicha adjudicación, dándole la razón a la casa Barragán». Explicó David Ricaurte
Esta situación está plenamente argumentada en el Proceso Penal que cursa en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Melgar.
Según versiones de la familia afectada, la supuesta empresa criminal se ha concertado con tal sofisticación que, por ejemplo, Hemel Pérez Lizarazo presentó demanda ordinaria de pertenencia agraria con Radicado 73449310300120120008400, en contra de inversiones González París, cuyo representante Legal es josé Antenor González Torres, con el objeto de “revestirlo” o “preconstituirlo” con la solemnidad de señor y dueño de las tierras de los Barragán.
Además, lograron que les reconocieran por un contrato de concesión minera No GEO 081 del año 2006. (Nunca ha operado y se logró con escrituras aparentemente falsas) más de veinte mil millones de pesos. Dicho contrato de concepción minera se cristalizo mediante engaños, suplantación de escritura, de planos y documentos, en complicidad con funcionarios públicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC del Tolima, la Oficina de Instrumentos Públicos de Melgar, amigos internos de la Agencia Nacional de Minería antes Ingeominas y autoridades administrativas de Melgar, con amistades que aún conserva.
Advertida La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y ante la presión de los herederos, esa entidad hizo una revisión de títulos y encontró el fraude que estaban cometiendo.
Presentó una Tutela a favor de las familias afectadas y la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, en providencia del 15 de marzo de 2021 (Rad: 11001-02-03-000-2021-00748-000), resolvió la salvaguarda de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y se evitó el pago de treinta y seis mil millones de pesos ($36.000.000.000) que se devolvieron a la ANI.
Los descendientes de los señores Barragán, ante las actuaciones irregulares de la Juez Segunda Civil del Circuito y los funcionarios involucrados en el Departamento del Tolima, han instaurado denuncias penales en contra de la Juez Fanny Velázquez Barón, la Magistrada Mabel Montealegre Barón, el Director del IGAC Mauricio Fernando Mora Bonilla, la Registradora de Instrumentos Públicos de Melgar María del Carmen Gómez Patiño, el Inspector Primero de Policía de Melgar Jhon Vizcaya Ortiz y José Antenor Gonzales Torres, por diversos delitos.
Así mismo señalan con pruebas que el actual representante electo por el partido Conservador Alejandro Martinez, «ha sido unos de los autores intelectuales de los despojos, desplazamientos forzados, violación de los derechos humanos y amenazas».
David Ricaurte Hijo de una de las herederas, explico que Martínez en su administración como Alcalde de Melgar por medios de fraude, expropio por la vía de hechos la Finca el Pedregal y construyó el actual Terminal de Transporte del municipio. Otro de los supuestos victimarios es el famoso constructor Carlos Collins quien fue sancionado por la construcción del tunel de la Línea, y en estos momentos tiene invadidas 17 hectáreas de tierra de la Finca el Rodeo de la familia Barragán con supuestas escrituras falsas y también está solicitando indemnización de la ANI, en donde pese al cambio de Gobierno, todavía ejerce gran poder.
¿Plan perfecto?
La Registradora de Instrumentos Públicos de Melgar, María del Carmen Gómez Patiño, supuestamente al servicio del “Cartel de Terreros” fue Recusada por las actuaciones adelantadas y separada del cargo para lo pertinente.
En su reemplazo se nombró Registrador Ad hoc. Emberg Cartagena García, titular de la oficina de Registro del Espinal – Tolima. La Registradora, desatendiendo una orden de la Superintendente de Notariado, durante mucho tiempo retuvo los documentos que hacen parte de los registros relacionados con posesiones, ‘falsas».
La juez al parecer diseño todo un plan para la materialización del fraude.
La mayor violación a los derechos de los señores herederos, se presenta con el desconocimiento de la Sentencia Ejecutoriada proferida el día 11 de septiembre de 1997 por el Juzgado primero civil del circuito de Melgar, firmado por el Juez Cesar Augusto Peña Rodríguez, en la que se resuelve una acción de “reivindicación”.
La acción que fue promovida por Yudi Viviana Lopez Suárez contra Indalecio Barragán y otros, dejando claro el derecho de Dominio y Posesión que tienen los Barragán sobre el predio denominado “El Rodeo”, que el Juzgado expreso en estos términos: “El despacho teniendo en cuenta las escrituras y certificados de tradición aportados tanto por la parte demandante y parte demandada… entra a estudiar la prueba documental aportada en este proceso».
«El certificado de tradición correspondiente al predio Samarkanda y el cual se identifica con el número 3660006507 o observando detenidamente su configuración, en la hoja número uno con anotación primera aparece, el día 08 de Febrero de 1961 según la escritura número 12 del 18 de Enero 1961 de la notaría de Melgar es una escritura sobrepuesta sobre «el Rodeo.” Es decir, se trata de unos títulos falsos», dice el Juez en la anotación de la sentencia.
Hoy se repite la historia y los mismos supuestos tierreros, quienes pretenden cobrar a la Agencia Nacional de Infraestructura; más de ochenta mil millones de pesos $80.000.000 con la venia de todos los funcionarios antiguos de la ANI, quienes al parecer siguen manejando los hilos de la nueva administración del cambio del presidente Gustavo Petro. Se trata de una crònica de un fraude anunciado.
La familia Barragán claman justicia
los miembros de la familia Barragán, Manifiestan que llevan más de 25 años de persecución, atropellos e injusticia por parte de las autoridades del Departamento del Tolima, quien se ha enfrentado a toda clase de artimañas por parte de los invasores de tierras, que se encuentra conformado por funcionarios públicos y delincuentes comunes, quienes operan en coordinación con la entidades del estado y de supuestamente con la fiscalía 43 de Melgar, Tolima.
Dicen que estas personas se han ensañado de una manera despiadada e injusta contra toda la familia Barragán al punto que les tocó a muchos salir desplazados de su terruño por culpa de delincuentes, «Necesitamos que el Gobierno central se entere de nuestra situación y coloque un alto a la corrupción administrativa, política y judicial que se vive en el Tolima». manifestó Ricaurte.
Una de las protagonistas de esta historia es la señora Edilma Barragán Moreno una mujer de 87 años, en entrevista con el espacio noticias, explica que la situación se encuentra tan delicada que por muchos años han acudido a los diferentes organismos de control administrativo, judicial, disciplinario y todos sin excepción únicamente se limitan a correr traslado a las autoridades del Tolima Y allí se archivan todas las investigaciones.
«Me han armando de todo para sacarme de mis tierras, que eran de mis abuelos y desde hace mas de 32 años me he enfrentado a toda clase de injusticias, me han tratado hasta de guerrillera, me ha metido a la cárcel, para entrarse a los predios y tomar posesión para luego cobrárselos al estado, me han amenazado de muerte, han repartido panfletos hasta me han amenazado con el cartel de Cali, pero sigo aquí luchando» agrega Edilma Barragán.
El hecho más reciente ocurrió con el Director Regional del IGAC de Ibagué Mauricio Mora quien se encuentra privado de la libertad, a quien se le comprobó que modificaba los planos y haciendo anotaciones a los folio de matricula inmoviliaria No. 366-8611 y esas modificaciones ilegales al parecer son las que va a tener en cuenta la Juez Segunda de Melgar Fanny Velasquez Barón y el supuesto Cartel de los tierreros para cometer otro fraude contra la ANI con la complacencia de la Agencia estatal.
A si mismo, agrega David Ricaurte, «Como consecuencia de esos excesos, se cometieron innumerables crímenes contra nosotros que por su connotación mediática y trascendencia en todos los órdenes de la vida socia l y política del Municipio de Melgar y en parte del Departamento del Tolima quienes de manera hábil y astuta infiltraron a la clase política, a los jueces, fiscales, funcionarios públicos, razón por la cual hoy, reclamamos una acción de la justicia que reúna las exigencias de prontitud y cumplimiento, sin aceptar que los principales actores de tales actos de barbarie puedan quedar impunes».
De conformidad con el informe de la Unidad Investigativa de este medio de comunicación, «éste Señor González es muy reconocido a nivel departamental y nacional por los infinitos proceso judiciales en los que se ha visto involucrado, y su forma de actuar es similar en los diferentes casos», según fuentes consultadas, aseguran que el sitio de operación es Corabasto, Central de Abastos de Bogotá, en donde supuestamente tiene vínculos directos con paramilitares, grupos delincuenciales comunes y cuenta con un brazo armado, que es el que utiliza para amedrentar, desplazar y asustar a sus víctimas.
También se rumora que González trabaja con un grupo de abogados, testigos falsos, inspectores de policía, algunos jueces, notarios y funcionarios de instrumentos públicos. El 8 de febrero 2007 fue condenado a la pena privativa de libertad por haberse apropiado de unos impuestos del Estado DIAN
Por otro lado y mediante la escritura #1412 del 1º de diciembre de 1998 de la Notaría Única de Melgar, la cual contiene la tramitación de la liquidación de herencia del causante Indalecio Barragán Penagos., se protocolizó la sucesión, dentro de la cual se relacionó como ACTIVO el predio denominado “EL RODEO” del municipio de Melgar, con cédula catastral # 00-01-001-1330-000, con Certificado #002966 del 25 de agosto de 1998 del IGAC, seccional Ibagué, con área de 155 hectáreas con 5230 m², la cual se encuentra inscrita al folio de matrícula inmobiliaria #366-8611.
• “EL PEDREGAL.” Se encuentra identificada mediante la escritura No 148 del 2 de noviembre de 1875, de la notaría de Fusagasugá la cual fue registrada en el Municipio del Guamo Tolima en el libro1, Tomo 2, folio 335, partida 528 de la Oficina de Registro de Instrumentos Público de esa ciudad, tiene una extensión superior a 2500 hectáreas, en una zona semi urbana de Melgar.
Ya la agencia nacional de infresatructura había sido estafada por el tierrero hace 15 años.
En el año 2007 La Agencia Nacional de Infraestructura «ANI» requería de la adquisición de unos predios para la realización de la Obra Vial Bogotá Girardot para lo cual firmó mediante Contrato de Compraventa No 1 de fecha 29 de octubre de 2008. Jose Antenor González Torres actuando como prometiente vendedor firmó un acta de entrega anticipada de los predios que no poseía con la Sociedad Concesión Autopista Bogotá Girardot el día 15 de octubre de 2008. Fecha que nunca se cumplió.
En efecto nunca firmó las escrituras prometidas hasta la fecha, a pesar que la ANI le cancelo la totalidad del precio acordado en el contrato de compraventa. en el comprobantes de pago No 0773 de fecha 11 de julio de 2015, expedidos por la Fiduciaria de Occidente Fiduoccidente.
En ese entonces José Antenor González Torres actuando como prometiente vendedor ante la imposibilidad de hacer la entrega real del predio objeto de la estafa, diseño en complicidad de Carlos Collins el constructor de la obra, el Alcalde Municipal de Melgar Tolima de ese entonces un proceso policivo de recuperación del espacio público siendo un predio rural. Se expidió la Resolución No. 172 del 29 de mayo de 2008, “por medio de la cual se ordena la restitución de una zona de espacio público”.
Se configuró un despojo violento o expropiación de hecho desplazamiento forzado, violación de los derechos humanos e invasión de tierras que los tierreros mantienen ocupadas hasta la fecha.
Robo a la ANI?
La Agencia Nacional de Infraestructura ANI, nunca ha legalizado el fraude, y todo lo contrario amplían el botín del mismo, en esta ocasión tomaron como pretexto, construir una Tercera Calzada Bogotá – Girardot, al frente de los predios de los Barragán, un Proceso de Expropiación que se está dirimiendo en el juzgado segundo civil del circuito de Melgar, y es el instrumento que van a utilizar en los próximos días para volver a robar al Estado por una suma superior a los 80 mil millones de pesos.
En cuanto a la conducta de los funcionarios de la ANI, llama especial atención la de Rafael Antonio Díaz Granados Amirís. Coordinador GIT quien viene del anterior Gobierno. Parece ser que se trata del cerebro de todo el entramado, porque como se explica que desde un comienzo la familia Barragán de diferentes maneras insisten ser escuchados por la entidad estatal y que se tomaran el mínimo trabajo de revisar los títulos aportados por José Antenor González Torres para materializar la venta directa también piden revisar las dos sentencias judiciales que se habían proferido a favor de los verdaderos propietarios.
Diaz Granados, al parecer le concedió más valor probatorio a los supuestos impostores e impulso el proceso de expropiación y avaló que les giraran un título valor por más de 20 mil millones de pesos por lucro cesante y daños emergentes, ocasionados por la ANI con la ocupación del predio.
El predio a expropiar solo tiene 39.000 metros cuadrados, es decir menos de 4 hectáreas de tierra que al día de hoy, la ANI no ha ocupado ni un centímetro.
Dentro de las actuaciones judiciales adelantadas por la ANI se encontró que de manera injustificada dejaron a la entidad sin representación legal en el preciso momento en que les corrió traslado a las partes del avaluó de los señores peritos, lo que conllevó a que se les hiciera ningún tipo de objeción al experticio y queda en firme y ejecutoriado.
Luego de que se profirió la sentencia constitucional de tutela por parte de la Corte Suprema de Justicia y que amparo los derechos de los Barragán al reconocer que se trataban de dos predios y no de uno, dice el apoderado de las víctimas, que en varias oportunidades se le ha solicitado al señor Díaz Granados Amirís que ordene abrir una investigación y compulse copias, Pero sea negado a denunciar a sus supuestos amigos.
Para la próxima entrega le contaremos que respondió La ANI, en cabeza del nuevo presidente Willian Camargo, el fallo de la Corte Constitucional sobre los predios baldíos en Colombia y quienes tendrán esa facultad de entregarlo al Estado.
