PEDRO LOPERENA es un reconocido líder indígena, quien ha venido liderando diferentes denuncias sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que han victimizado al Pueblo Wiwa; proceso que se ha visibilizado desde el año 2002, cuando los Wiwas afrontaban la cruenta situación de orden publico que se generaban durante el conflicto armado en Colombia.
Una de las luchas de Loperena, como comisionado de derechos humanos del pueblo Wiwa, fue la de enfrentar a los militares que aceptaron los famosos falsos positivos ante la JEP y que comprometen al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora no solo enfrenta a sus enemigos que lo quieren callar, también señala ser victima de persecuciones por parte de la Unidad Nacional de protección, entidad que debería velar por la seguridad y la vida del comisionado indígena, quien cuenta con un esquema colectivo e individual pero al parecer el director de UNP Augusto Rodríguez se hace el de la vista gorda cuando Loperena manifiesta a la entidad, sobre funcionarios de la seccional Valledupar junto con hombres de protección asignado a sus medidas de protección, terminan infiltrando información sobre sus movimientos.
Otra de las quejas del líder indígena, es la violación de los enfoques a los que ellos tienen derecho, que consisten en postular su personal de confianza para que sean los encargados de la seguridad, cosas que dice no se esta respetando, ya que existe un cartel donde según el, directivos de sindicatos y funcionarios de planta que sin tener esas funciones son los que otorgan el hombre de protección que en su mayoría pertenecen a sus sindicatos, poniendo en riesgo incluso hasta la vida privada del protegido.
Loperena también agrego que los teléfonos que esta dando la UNP están siendo chuzados, por tal motivo ha tenido que dejarlos de usar.
Negligencia o seguimiento de inteligencia?
Desde que el director de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodrigues llego a la entidad del estado se ha generado una serie de polémicas, debido a los supuestos aumentos casos de corrupción, demoras en la otorgaciones de medidas de personas amenazadas, supuestos atropellos contra algunos directivos de sindicatos que no son de sus afectos, se aumento el asesinato de firmante de paz y el desmonte de beneficiarios que luego han sido victimas de atentados.
Según Indepaz, van 41 masacres en el 2024, con 138 víctimas – corte al 29 de julio, en lo que tiene que con los lideres sociales la cuenta va en aumento con 100 muertes violentas, muchos de estos lideres se quedaron esperando un esquema de protección que nunca llego y mientras tanto, existe información de personas que llegan a la oficina del señor Rodríguez y sin siquiera hacer una solicitud formal y salen con vehículos blindados y hombre de seguridad, pero quien da la orden?.
Recordemos que el periódico el Colombiano publico una investigación en la que se expusieron numerosos documentos que prueban la asignación de esquemas de seguridad a toda el ala directiva y administrativa de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esto sucedió sin que hubiera estudios previos de riesgo, como sí sucede con todos los amenazados del país. La investigación se dio en un contexto de denuncias por respuestas lentas de la Unidad para garantizar la vida de personas que tenían amenazas explícitas de muerte como el exdirector de la Cárcel La Modelo, Elmer Fernández, asesinado el pasado 16 de mayo en la carrera 30 de Bogotá, pese a que semanas antes había comunicado la aparición de panfletos intimidatorios contra él y su familia.
También el destacado periódico descubrió que al menos once jefes de oficinas de la entidad cuentan hoy con esquemas de seguridad bajo resoluciones de cumplimiento inmediato de la Dirección. Algunos de los escoltas, citados por EL COLOMBIANO, denunciaron también abuso de sus servicios por parte de los protegidos que los estarían haciendo trabajar durante largas jornadas y para situaciones personales que no tienen que ver con sus funciones públicas.
Sindicatos a fines a su ideología?
Volvamos a la costa y resaltemos las denuncias contra un presidente de un sindicato, Rodrigo Argote, el temible funcionario que se ha convertido en el brazo derecho de los directivos de la UNP, quienes al parecer hace el trabajo de espionaje y de inteligencia tanto a trabajadores, como a protegidos, y es que al señor Augusto Rodríguez con su afán de dar positivos para mostrárselos al presidente Gustavo Petro, olvida que la entidad tiene como misión, proteger la vida y no la de perseguir opositores o a los que no están de acuerdo con su actuar.
Por su parte Rodríguez Ballesteros viene reiterando la existencia de una mafia conformadas por funcionarios del organismo que manipulan los informes de los estudios de riesgo para otorgar esquemas a cambio de dinero, sin embargo la realidad evidencia que esos mismo funcionarios pese a las denuncias realizadas, siguen atornillado y convirtiéndose en aliados del director, como el caso del señor Rodrigo Argote, quien ha sido señalado de abusar de sus funciones y se explica como sigue en el cargo.
Empresas contratistas en la mira
Muchas de la responsabilidades del adecuado servicio que preste la Unidad Nacional de Protección cae sobre la empresas contratistas, las llamadas Uniones temporales UT. en la costa se encuentra la UT Máximo conformadas por la empresas, su oportuno servicio SOS Limitada y Vigil Limitada esta ultima dueña desde hace muchos años de la seguridad del Cerrejón en el departamento de la Guajira.
Por otro lado consultado al presidente del sindicato Analtraseg nos relata que la detención del escolta de la vía Tumaco , pasto, es mas mediático, debido a que la munición fue vendida legalmente por Indumil a una escuela de seguridad privada, esta misma iba ser utilizada para el reentrenamiento del personal tercerizado de escoltas de la UNP, que no se pudo utilizar, por que las instalaciones donde se encontraban los polígonos a ultima hora no fue prestada, teniendo que ser retornada a la ciudad de Pasto, el problema se registro por que el Departamento control comercio de armas, municiones y explosivos DCCAE se esta demorando en autorizar permisos de porte, tenencia y movimiento de armamento, municiones y explosivos que legalmente se le compra a esa entidad, dicen que la demora son hasta seis meses, cosa que no ocurría anteriormente.
Esto abonado a las declaraciones dada a un medio periodístico por parte de del director Augusto Rodríguez, donde afirma que le ha tocado poner a una persona a vigilar los movimientos de sindicalista y trabajadores de la entidad, pero no conforme con eso también persigue a protegidos, pero no ejerce el control sobre sus directivos que han sido denunciados. de igual manera se han registrado actos de violencia dentro de la entidad por parte de los escoltas cercanos a Rodríguez, contra dirigentes sindicales, hechos que ya están siendo insesgados por la procuraduría.
Para la próxima entrega hablaremos de mas irregularidades encontradas en la UNP y los atropellos a trabajadores por parte de empresas contratistas.