La muerte de siete menores durante una operación militar en Puerto Cubarro, Guaviare, el pasado 10 de noviembre, reavivó un debate que Colombia parecía haber aplazado: ¿cómo se están tomando las decisiones operacionales en zonas donde los grupos armados reclutan niños de manera sistemática? La apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Militar y Policial, anunciada el 17 de noviembre, dejó claro que el caso no es un episodio aislado, sino un punto de quiebre que obliga al país a revisar sus protocolos, su ética de guerra y sus sistemas de control.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la operación buscaba desarticular un campamento del Estado Mayor Central (EMC), estructura disidente de las antiguas Farc y considerada responsable de reclutamiento forzado, homicidios y control territorial en el sur y occidente del país. El resultado militar fue, sobre el papel, significativo: 26 presuntos integrantes neutralizados y un arsenal incautado que incluyó fusiles, ametralladoras, morteros, minas antipersonal y munición de alto calibre.
Pero detrás de lo que parecía un éxito operativo se escondía un golpe político y humanitario. Medicina Legal confirmó que entre los fallecidos estaban siete adolescentes, un dato que transformó la lectura de la operación: ya no era solo una acción contra un campamento armado, sino un episodio que obligaba a examinar la proporcionalidad, la inteligencia previa y la responsabilidad del Estado.
La investigación: ¿una revisión técnica o una defensa institucional?
La Fiscalía Militar anunció que revisará, con criterios jurídicos y tácticos, cómo se tomaron las decisiones, qué información se tenía sobre la posible presencia de menores y si se cumplieron los principios del Derecho Internacional Humanitario. El comunicado habló de “rigurosidad” y de respeto al debido proceso, pero sectores académicos y humanitarios insisten en que el análisis debe ser más amplio que un examen interno.
Para ellos, el debate no puede centrarse solo en la legalidad del bombardeo, sino en la forma en que se evalúa el riesgo de daño a civiles —incluidos menores reclutados— en zonas donde se sabe que el EMC opera con adolescentes bajo coerción.
La Defensoría del Pueblo confirmó que entre los cuerpos había menores. Ese dato revela algo que instituciones y expertos han denunciado desde hace años: el reclutamiento infantil continúa siendo una práctica crecientemente extendida, especialmente en Guaviare, Caquetá, Arauca y Nariño.
Sin embargo, la discusión pública suele quedar reducida a dos orillas: quienes defienden el uso de la fuerza contra estructuras ilegales, y quienes condenan la operación con base en el resultado trágico. La realidad, señalan analistas, es más compleja: los adolescentes reclutados por grupos armados son víctimas, pero también se encuentran en entornos operacionales que los exponen a fuego cruzado, decisiones estatales y acciones ofensivas que no consideran plenamente su presencia.
Un país atrapado entre la seguridad y la legitimidad
La muerte de menores no solo remueve conciencia social, sino que golpea la legitimidad de la Fuerza Pública. Cada caso se convierte en un referente moral para evaluar la coherencia del Estado frente a su obligación de proteger a quienes están en mayor riesgo.
Por eso este caso no es estrictamente militar: es político, jurídico y ético. Y pone a prueba la capacidad de las instituciones para investigar sin sesgos, corregir errores estructurales y evitar que episodios similares se repitan.
La investigación determinará qué ocurrió en Puerto Cubarro, pero también podría definir el futuro de la política de seguridad en Colombia. ¿Cómo actuar en territorios donde el EMC recluta menores? ¿Cómo equilibrar ofensiva militar y protección de vida? ¿Quién toma la última decisión cuando el riesgo es incierto y las consecuencias son irreversibles?
Mientras las instituciones debaten, las familias de las víctimas esperan algo más que comunicados y tecnicismos: esperan que el Estado explique qué pasó y por qué esos siete adolescentes, que nunca debieron estar en un campamento armado, terminaron muertos en medio de una operación que ahora tiene al país mirando hacia adentro.
