Crisis humanitaria en medio del recorte de fondos de EE. UU. golpea a las regiones más vulnerables
En una decisión que ha encendido alarmas en organismos de derechos humanos, comunidades vulnerables y sectores políticos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) anunció esta semana un drástico recorte en sus operaciones en Colombia. La medida implica el cierre de tres oficinas regionales y la desvinculación de casi la mitad de su personal activo en el país, como consecuencia directa de la suspensión de financiación por parte del gobierno de Estados Unidos.
La medida llega en un momento particularmente crítico para Colombia, justo cuando se intensifican los enfrentamientos armados, los desplazamientos forzados, las amenazas contra líderes sociales y el control territorial de grupos armados ilegales en zonas rurales y periféricas.
46 funcionarios despedidos
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU anunció oficialmente el cierre de sus sedes en tres regiones estratégicas: Antioquia-Chocó, Guaviare-Meta, y Caquetá-Huila-Tolima, desde donde monitoreaba y acompañaba denuncias de violaciones de derechos humanos en zonas históricamente golpeadas por el conflicto.
En total, 46 de los 92 empleados que trabajaban en campo y en oficinas regionales dejarán sus cargos. Esto equivale a una reducción del 50 % de la capacidad operativa en terreno. La organización mantendrá oficinas en Bogotá y algunas zonas clave del suroccidente como Cauca, Nariño, Putumayo, y parte del Caribe.
El representante de la Acnudh en Colombia, Scott Campbell, confirmó que la reestructuración es irreversible en el corto plazo: “Con los recursos actuales, ya no es posible mantener la presencia territorial como veníamos haciéndolo. Vamos a priorizar visitas focalizadas según la gravedad de las situaciones denunciadas”.
¿Qué hay detrás del recorte?
La reducción operacional no obedece a una decisión política de Naciones Unidas ni a un cambio de prioridades institucionales, sino a un recorte financiero directo de Estados Unidos, su principal donante. Washington decidió en marzo de este año suspender gran parte del financiamiento a programas internacionales de cooperación, entre ellos los fondos dirigidos a la protección de derechos humanos en América Latina y África.
Hasta 2024, Estados Unidos financiaba entre el 45 % y el 50 % del funcionamiento operativo de la Acnudh en Colombia, a través de mecanismos como USAID y fondos de cooperación bilateral.
Esta política de reducción presupuestal de la administración estadounidense también ha afectado a agencias hermanas como Acnur y Unicef, cuyas operaciones de atención a migrantes, niños, comunidades indígenas y personas desplazadas también están en riesgo o ya han sido redimensionadas.
Golpe a los territorios: víctimas invisibilizadas
El efecto inmediato del cierre de oficinas será más evidente en los territorios históricamente excluidos, donde los equipos de la ONU no solo monitoreaban violaciones, sino que brindaban acompañamiento a líderes amenazados, comunidades confinadas y procesos de verdad y reconciliación.
Departamentos como Chocó, Córdoba, Meta y Caquetá, donde el conflicto armado persiste de forma activa, quedarán con presencia institucional debilitada. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos en estas regiones contaban con el respaldo visible de la ONU para denunciar hechos de violencia, amenazas y desapariciones sin temor a represalias.
“Sin ellos, estamos a merced de los actores armados”, dijo a El Espacio Noticias una lideresa indígena del Alto Baudó, en Chocó, que pidió reserva de identidad. “La presencia de la ONU nos daba seguridad. Ahora, ¿quién responde cuando desaparece alguien o cuando nos desplazan por la fuerza?”.
Preocupación nacional e internacional
La noticia ha desatado fuertes reacciones en el país. El excanciller y actual candidato presidencial Luis Gilberto Murillo calificó la situación como “una tragedia humanitaria anunciada”. “Esto debilita la capacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales en regiones donde la institucionalidad ya es precaria. Es una mala señal para la paz”.
Desde la sociedad civil, organizaciones como Human Rights Watch, la Comisión Colombiana de Juristas y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) han exigido al gobierno colombiano que tome acciones urgentes para evitar que el vacío de la ONU lo ocupen los violentos.
Además, desde la sede de la ONU en Ginebra, se confirmó que se están buscando fuentes alternativas de financiamiento con cooperación europea y asiática para intentar reactivar al menos parte del trabajo en campo. No obstante, el panorama a corto plazo es incierto.
Una paradoja dolorosa: menos presencia, más violencia
Colombia vive actualmente una nueva etapa de violencia armada. Los informes de la propia Acnudh y de la Defensoría del Pueblo han documentado incrementos en homicidios de líderes sociales, desplazamientos masivos, confinamientos de comunidades y reclutamiento forzado de menores por parte de grupos residuales del conflicto.
En este contexto, el recorte de la ONU no solo deja a estas comunidades más vulnerables, sino que desincentiva el seguimiento judicial y la presión internacional que ha sido clave en casos de justicia transicional, esclarecimiento de crímenes y protección humanitaria.
La paradoja no puede ser más preocupante: cuando más se necesita la presencia de los organismos internacionales, menos recursos hay para que permanezcan.
El gobierno colombiano, a través de la Cancillería, ha expresado “preocupación” por la medida, pero hasta ahora no ha anunciado una estrategia clara para remplazar o respaldar el trabajo que hacía la ONU. Mientras tanto, las organizaciones territoriales claman por una respuesta inmediata.
La Acnudh seguirá presente desde Bogotá, pero sin capacidad operativa para desplegarse a todas las regiones con la misma rapidez y frecuencia. “Esto nos obliga a priorizar con criterios de gravedad, urgencia y oportunidad”, explicó el organismo.
Se espera que el tema sea abordado en el próximo Consejo de Seguridad de la ONU en julio, cuando se presente el informe semestral sobre la situación de Colombia.
La reducción de operaciones de la ONU en Colombia no es solo una crisis presupuestal. Es una crisis humanitaria, institucional y moral. En un país que aún no ha superado los efectos de más de seis décadas de conflicto armado, y donde la violencia contra los más vulnerables se mantiene, el retiro parcial de uno de los pocos escudos internacionales de protección deja un vacío peligroso y profundamente injusto.
Ahora, la responsabilidad está en manos del Estado colombiano y la comunidad internacional: evitar que ese vacío se traduzca en más sangre, más impunidad y más olvido.
