En Colombia, la traición ya no viene solo de los criminales que operan desde las sombras, sino de quienes, con uniforme y credencial del Estado, deberían proteger a la sociedad. La captura de Jorge Luis Santiago Charris, agente del CTI y exescolta de la fiscal encargada del caso Nicolás Petro, destapó una de las infiltraciones más graves en la historia reciente de la Fiscalía.

Charris, conocido como alias el del CTI o Chiquillo Cuello, no era un delincuente común. Durante meses portó el chaleco antibalas y la insignia oficial de la Fiscalía, asignado a custodiar a una fiscal especializada en lavado de activos, procesos que tocaban fibras sensibles del poder político y económico. Mientras aparentaba proteger a la justicia, todo indica que al mismo tiempo entregaba información estratégica al Clan del Golfo, organización criminal que opera en la Costa Caribe.

La doble vida de un “protector” convertido en amenaza

En los pasillos de la Fiscalía Seccional de Atlántico lo conocían como un funcionario formal y cumplidor de su deber. Sin embargo, para los investigadores ahora resulta claro que llevaba años como enlace interno del Clan del Golfo, moviéndose con total naturalidad entre fiscales, policías y jueces, pero actuando como puente para actividades de extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y homicidios.

Su papel era delicado: acceso directo a procesos sensibles, conocimiento de esquemas de seguridad y cercanía con fiscales que enfrentaban estructuras mafiosas. La Fiscalía confirmó que, entre marzo y mayo de 2025, integró el esquema de protección de una fiscal que llevaba casos de alto impacto, incluido el proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República.

El operativo que lo desenmascaró

La madrugada de su captura fue el reverso de su vida de privilegios. Allanamientos simultáneos en Barranquilla y Sabanagrande terminaron con la detención de cuatro personas. Entre ellas cayó alias César o Cartagena (Jorge Isaac Montes Naar), señalado como articulador del Clan del Golfo en Barranquilla y su área metropolitana.

Montes Naar, viejo conocido de la guerra, se había desmovilizado en 2005 del Bloque Central Bolívar, pero nunca abandonó el crimen. Tiene un historial de más de 26 años en actividades ilegales y una condena de 84 meses que cumplió parcialmente hasta 2024. Su alianza con Charris revela la peligrosa unión entre antiguos paramilitares y funcionarios activos de la Fiscalía.

En las diligencias se incautaron:

Un revólver calibre 38 mm.

27 cartuchos del mismo calibre.

25 cartuchos calibre 9 mm.

Cuatro teléfonos celulares.

La Fiscalía confirmó que a Charris y a Montes Naar se les imputarán cargos por concierto para delinquir agravado, mientras que a los capturados en flagrancia se les formularán cargos por porte ilegal de armas y municiones.

Nexos criminales y una cadena de crímenes

Las investigaciones van más allá. Los capturados estarían vinculados con al menos 17 homicidios cometidos entre 2024 y 2025 en Barranquilla y municipios cercanos. Además, la red criminal operaba de la mano de Los Pepes, extendiendo sus tentáculos hacia el narcotráfico internacional, con presuntos envíos hacia Centroamérica.

Pero la revelación más macabra está relacionada con la economía ilegal: la producción de licor adulterado que dejó 11 muertos en el sector El Boliche, en Barranquilla. Una tragedia que, según los investigadores, formaba parte de las operaciones que esta estructura manejaba con total impunidad.

El golpe más duro: la confianza rota

El caso de Jorge Luis Santiago Charris no es solo la historia de un funcionario capturado, es la confirmación de que el crimen organizado penetró hasta el corazón mismo de la justicia colombiana.

Un hombre que debía proteger a una fiscal clave terminó trabajando para los mismos que ella investigaba. ¿Qué significa para un país descubrir que la seguridad de las investigaciones depende de escoltas que, en realidad, sirven a las mafias?

Las preguntas son inevitables:

¿Cuántos procesos han sido contaminados por filtraciones internas?

¿Cuántos “Charris” siguen ocultos en el CTI y la Fiscalía?

Denuncia necesaria

Como hemos venido denunciando, la Fiscalía en Barranquilla está infiltrada por bandas criminales. El caso Charris es apenas la punta del iceberg de una estructura paralela que opera desde adentro, filtrando información, torpedeando procesos y garantizando impunidad a las mafias.

La entidad ha querido presentar este hecho como una captura más, cuando en realidad se trata de un escándalo institucional que hiere de muerte la credibilidad de la Fiscalía General de la Nación.

La ciudadanía exige respuestas:

¿Quién autorizó su cercanía con el caso Nicolás Petro?

¿Por qué la Fiscalía se limita a legalizar la captura y no anuncia una depuración interna profunda?

Mientras estas preguntas no se respondan y no se emprenda una limpieza real dentro del CTI y la Fiscalía, cada investigación queda en duda y cada víctima queda en indefensión.

Hoy, la justicia no solo está infiltrada. Está acorralada por sus propios guardianes que, en lugar de protegerla, se vendieron al mejor postor.