Un nuevo informe del Ministerio del Trabajo, revelado en exclusiva por El Tiempo, prende las alarmas sobre una crisis sin precedentes en las Juntas de Calificación de Invalidez del país. Al cierre de junio de 2025, 28.017 casos han quedado represados sin dictamen, y alrededor de $54.882 millones están congelados en honorarios anticipados por trámites inconclusos.
- Un acumulado que hunde esperanzas
De los 28.017 casos acumulados:
17.329 no han recibido siquiera un dictamen inicial.
3.791 permanecen en apelación, sin resolución en segunda instancia.
6.897 aún no han sido remitidos a la Junta Nacional.
Adicionalmente, hay un desfase considerable con las cifras reportadas por AFP y ARL: ellos identifican 43.557 solicitudes en espera, unas 26.228 más que las contabilizadas por las juntas, lo que sugiere la existencia de “expedientes fantasma” o errores graves en el registro.
- Recursos económicos estancados
El monto pendiente por trámites no realizados —$54.882 millones— contiene gran parte de esos recursos anticipados que no han sido utilizados. De este total, $29.121 millones corresponden a trámites ni siquiera formalmente radicados, lo que podría sugerir cobros sin causa objetiva o incluso un detrimento patrimonial.
- Legitimidad institucional en entredicho
Existen miembros de las juntas con periodos vencidos desde 2014 que aún actúan en sus funciones, lo cual pone en entredicho la validez legal de los dictámenes expedidos. La Procuraduría advierte que esta irregularidad puede generar nulidades, exigencia de devoluciones de honorarios e incluso demandas contra el Estado por perjuicio a los ciudadanos.
- Falta de respuestas estructurales
Salvo Bogotá, ninguna región reportó un plan de descongestión claro. Mientras que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya ordenó la creación de «salas de descongestión» desde abril de 2025, el seguimiento significa que tales medidas han sido insuficientes y los tiempos incumplidos.
Las jurisdicciones con mayor acumulación son:
Bogotá: 7.666 casos
Cauca: 2.767
Antioquia: 1.866
Tolima: 975
Cesar: 952
Meta: 890
- Derechos fundamentales en riesgo
La espera prolongada afecta el acceso de miles a pensiones, indemnizaciones y tratamientos médicos. “Cada día que pasa sin una decisión es una condena silenciosa”, afirma el abogado Carlos Andrés Vega Mendoza, quien enfatiza que se trata de una violación sistemática a derechos esenciales como el mínimo vital, la salud y la justicia social.
La Procuraduría, por su parte, ha alertado sobre el impacto colectivo de esta situación y anunció un seguimiento preventivo a las medidas que adopte el Ministerio del Trabajo.
- Último recurso: la acción popular
Una acción popular ya fue interpuesta, buscando:
La renovación de las juntas mediante concursos de méritos.
Transparencia en los procesos de calificación.
Intervención de la Procuraduría para asegurar legalidad.
Acción de la Contraloría para fiscalizar el uso de los recursos no ejecutados.
Se está consolidando una doble crisis: administrativa y de legitimidad institucional, que paraliza a más de 28 mil familias, inmoviliza más de $54 mil millones y deja al Estado en una encrucijada ética y legal. Es un reto urgente para el sistema de seguridad social colombiano.
