Hoy se cumplen 170 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia (Ley 21 de 1851) desde entonces, se han registrado importantes avances en el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes.
Los avances más notables se han dado tras la Constitución Política de 1991, que reconoció a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural e incorporó el principio de la igualdad y la no discriminación otorgando a los afrodescendientes la condición de grupo étnico diferenciado, con derecho a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales.
Así mismo, han sido adoptadas un conjunto de políticas públicas, que han ido configurando un marco legal, institucional, e instrumental que, de manera progresiva, está contribuyendo a la inclusión de los afrodescendientes en Colombia.
Sin embargo, pese a los avances registrados, las consecuencias de la esclavitud aún continúan latentes como el estrecho vínculo entre pobreza y racismo. los afrodescendientes en Colombia, no han sido reconocidos de modo suficiente y por lo tanto, no participan de manera efectiva en las decisiones que los afectan, por el contrario, enfrentan un conjunto de barreras que limitan el pleno ejercicio de su ciudadanía. Racismo, discriminación racial, baja participación y representación en espacios políticos e institucionales de decisión, desigualdad en el acceso al mercado laboral y vinculación a trabajos de baja especialización y remuneración son algunas de las limitaciones evidenciadas en la actualidad.
A todo lo anterior se suman un conjunto de factores adicionales, incluidos los impactos desproporcionados del conflicto armado interno. Entre el año 2016 y marzo de 2020 la Defensoría del Pueblo ha emitido 137 alertas tempranas relacionadas con riesgo de grupos étnicos por presencia de grupos armados en sus territorios.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, estableció que entre 2016 y abril de 2020 han asesinado 163 líderes pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas, 126 indígenas y 36 de comunidades negras. En 2019, el Sistema registró 251 conductas vulneradoras de los derechos humanos asociadas a defensores de derechos humanos, líderes y lideresas de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes; de éstas, 40 correspondieron a homicidios, 198 a amenazas y 13 a atentados. El desplazamiento forzado se sitúa en alrededor del 18% del total nacional.
La Defensoría del pueblo reconoce las medidas especiales implementadas por varios países de América Latina, incluidas las leyes de cuotas, establecidas para remediar la discriminación racial estructural y sistémica como un mecanismo legítimo y expedito para garantizar el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes.
“Es por ello que, como una contribución a la conmemoración de los 170 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia, y en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, la Defensoría del Pueblo impulsará un Proyecto de Ley de reconocimiento, perdón y reparación histórica a los Afrodescendientes que, en su formulación, tendrán participación las víctimas y todas las partes interesadas, incluido el pueblo de San Basilio de Palenque, tal como lo anuncié, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el pasado 21 de marzo”. Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo.
