La Defensoría del Pueblo expresó su más profundo rechazo ante el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional que permanecen secuestrados en el departamento de Arauca.
El organismo defensor de los derechos humanos calificó la situación como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), recordando que la privación de la libertad de personas civiles constituye el crimen de guerra de toma de rehenes, sancionado por el derecho penal internacional.
“El deber de liberar a las personas secuestradas es inmediato e incondicionado”, enfatizó la Defensoría.
Una violación directa al Derecho Internacional Humanitario
El comunicado señala que, aunque los funcionarios cumplen tareas en el ámbito de la seguridad y la justicia, no son combatientes ni hacen parte de las Fuerzas Armadas, por lo que su secuestro vulnera normas fundamentales como; el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, que protege a las personas que no participan en hostilidades, la norma 96 del Derecho Internacional Humanitario (DIH) consuetudinario, que prohíbe los actos de toma de rehenes, y la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979, aprobada en Colombia mediante la Ley 837 de 2003.
Además, la Defensoría recordó que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica este delito como crimen de guerra, cuando una persona es retenida para presionar a un Estado, una organización o un grupo a actuar bajo amenaza.
“El principio de humanidad no admite excepciones”
En un mensaje directo al ELN, la Defensoría recordó que ningún grupo armado puede justificar actos contrarios al derecho internacional bajo razones políticas, militares o ideológicas. “El principio de humanidad es la piedra angular del DIH y vincula a todas las partes en conflicto, sean estatales o no estatales”, recalcó el ente.
Llamado al Gobierno y a la comunidad internacional
La institución también instó al Gobierno Nacional, al Alto Comisionado para la Paz y a los organismos internacionales a redoblar esfuerzos humanitarios y diplomáticos que permitan la liberación pronta y segura de los secuestrados.
La Defensoría pidió además el cese inmediato de cualquier amenaza o trato degradante en contra de los funcionarios y reiteró que la protección de la vida y la dignidad humana debe estar por encima de cualquier conflicto. En su cuenta de X manifestó su rechazo y pide pronta liberación para los funcionarios secuestrados
