En una jornada decisiva para uno de los procesos judiciales más trascendentales de la historia reciente de Colombia, la Fiscalía General de la Nación solicitó este martes una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al reanudarse las audiencias del juicio penal que enfrenta por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
La diligencia, desarrollada en el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, marcó el inicio de los alegatos de conclusión, tras casi tres años de investigación formal y más de medio centenar de audiencias públicas.
Soborno, fraude y soborno en actuación penal
La fiscal del caso, Marlene Orjuela, fue contundente al sostener que Uribe «orquestó una estrategia criminal para desacreditar testimonios en su contra», recurriendo a intermediarios para ofrecer beneficios ilegales a reclusos que habían declarado sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Uribe enfrenta tres cargos penales: Soborno, Soborno en actuación penal, y Fraude procesal.
Según la Fiscalía, estos delitos se cometieron entre 2017 y 2018, cuando el expresidente, a través de su abogado Diego Cadena, habría influenciado indebidamente a testigos como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, con el objetivo de que se retractara de sus señalamientos sobre vínculos del político antioqueño con las AUC.
Juan Guillermo Monsalve, testigo clave
El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue calificado por la Fiscalía como un «testigo estructural«. En la audiencia de este martes, la fiscal Orjuela presentó pruebas documentales, grabaciones, interceptaciones telefónicas y videos que demostrarían los intentos de presión y manipulación para obtener una retractación por parte de Monsalve.
Según la Fiscalía, el entonces abogado de Uribe ofreció mejoras en las condiciones penitenciarias de Monsalve, garantías de seguridad para su familia y supuestas estrategias judiciales para obtener beneficios legales. Estos hechos fueron presentados como parte de un plan diseñado con conocimiento y autorización del expresidente.
«No hay prueba, solo persecución»
La defensa de Álvaro Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, rechazó los señalamientos. Aseguró que su cliente actuó dentro de la legalidad, motivado únicamente por la necesidad de esclarecer su nombre frente a acusaciones sin sustento.
Granados anticipó que la defensa demostrará que no existió ningún acto de soborno ni fraude, y que el proceso responde más a intereses políticos que a pruebas reales. “No existe una sola prueba directa que vincule a Álvaro Uribe con un acto ilegal”, manifestó el jurista en declaraciones recientes.
Reacciones políticas
Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Iván Duque, quien en su cuenta de X (antes Twitter) expresó:
«No puede haber condena donde no existen pruebas. Toda mi solidaridad con Álvaro Uribe Vélez. Esta es una persecución política sin precedentes.»
El caso ha polarizado nuevamente el escenario político nacional, con sectores uribistas denunciando una supuesta “judicialización del liderazgo” del expresidente, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos exigen garantías procesales y celeridad en la definición del caso.
Tras la intervención de la Fiscalía, en los próximos días tomarán la palabra los representantes de víctimas, la Procuraduría General de la Nación y finalmente la defensa del expresidente.
La jueza Sandra Liliana Heredia deberá evaluar las intervenciones y pruebas, y tomar una decisión en primera instancia. Sin embargo, el proceso aún puede prolongarse: cualquiera de las partes podrá apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Un dato clave: el delito de fraude procesal prescribe el 16 de octubre de 2025, por lo que la sentencia deberá ser emitida antes de esa fecha si se quiere evitar la extinción de la acción penal.
El caso contra Álvaro Uribe inició formalmente en 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia, entonces competente por su fuero como senador, ordenó su detención domiciliaria. Tras renunciar al Senado, el expediente pasó a la Fiscalía General, que lo transformó en un proceso ordinario.
Uribe es el primer expresidente en la historia de Colombia en ser juzgado penalmente por presuntos actos de corrupción y manipulación judicial.
La audiencia de este martes representa un punto de inflexión en el juicio contra Álvaro Uribe. Mientras la Fiscalía insiste en que hay pruebas sólidas para una condena, la defensa denuncia una ofensiva judicial con tintes políticos. El país sigue atento a lo que podría ser un veredicto histórico en materia de justicia y poder.
