Se trata del Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá EFRAÍN ZULUAGA BOTERO, en un documento allegado a la redacción de este medio de comunicación señalan al togado de incurrir en los presuntos delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y LAVADO DE ACTIVOS previsto en los artículos 412 y 323 del Código Penal, delitos que deberán ser analizados con lupa por las instancias competentes.
Según la fuente quién pidió reservar su identidad manifestó al portal de noticias que se conoce públicamente que el Juez Zuluaga Botero es familiar de uno de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral, situación que utiliza para beneficiarse jurídicamente de las investigaciones que se adelantan en su contra, sean penales o disciplinarias las cuales han sido cerradas o archivadas a favor suyo.
En el documento resaltan las múltiples investigaciones adelantadas en contra del señor Zuluaga Botero, entre ellas, la identificada con radicado 20190555100, por denuncia de acoso laboral a un secretario del Centro de Servicios de Ejecución de Penas, generando un resultado inhibitorio, sería importante saber la opinión de ese funcionario acosado.
En ese mismo sentido, conoció esta periodista por parte de la fuente, que al señor Juez le registran 10 quejas disciplinarias por incumplimiento de los deberes e irregularidades a la hora de definir o tomar decisiones en diferentes procesos en donde los condenados solicitan libertades condicionales, lo anterior, debido a supuestas coimas que recibe con la finalidad de dilatar estos aspectos procesales al punto que las personas prefieren acceder a las pretensiones con tal de solucionar su situación personal.
Ante estos señalamientos este medio intentó en dos ocasiones comunicarse con el Juez Efrain Zuluaga por vía correo electrónico sin obtener ninguna respuesta, ante el silencio del jurista, procedimos a indagar en otras instancias, donde se pudo corroborar otras posibles irregularidades sustanciales en los procesos de Ejecución de Penas que adelanta este Juez, donde aparentemente favorece al mejor postor, actuando en total impunidad y amparado en el cumplimiento del deber legal motivo por el cual no le prosperan las quejas en su contra.
El espacio noticias tiene en su poder los números de radicados de la diferentes investigaciones que reposan en los entes investigativos, pero sin que se logre avanzar por el supuesto tráfico de influencias que ejerce Efraín Zuluaga sobre los funcionarios que llevan los proceso, quienes se tornarían cómplices de la conducta del Juez.
No obstante, lo que más genera preocupación a esta periodista es que dentro del analisis de la información allegada entre ellos, los múltiples procesos por demandas efectuadas por Efraín Zuluaga contra diferentes ciudadanos que no han cumplido sus negocios contractuales, los cuales generan atención ya que los mismos no concordaban con los ingresos que debería recibir en función de su cargo como Juez de la República.
Sería importante revisar las declaraciones de renta de este funcionario, ya que según la fuente indica que el “honorable” Juez Zuluaga, posee diferentes propiedades en municipios del departamento de Caldas y particularmente en la ciudad de Manizales, algunas según la fuente han sido justificadas con supuestas herencias recibidas por parte de sus padres; no obstante, al verificar la cantidad y valor de las propiedades se denota que el aumento en su patrimonio respecto de la supuesta herencia es menor al total de los bienes que posee el señor Zuluaga.
En ese mismo sentido, la fuente manifiesta que Zuluaga Botero, ejecuta labor como prestamista en Bogotá y Manizales, dinero que pertenece supuestamente a organizaciones criminales, utilizando su investidura de funcionario para dar aparente legalidad al dinero prestado, a efectos de otórgales una licitud. La fuente de esta periodista presume que la cuantía del lavado de dinero asciende a los 1.000 mil millones de pesos.
Dice la fuente que Zuluaga Botero inició múltiples procesos civiles en contra de determinadas personas a efectos de ejercer el cobro coactivo de ese dinero, del cual, insiste, no explica su procedencia y no concuerda con sus ingresos como funcionario ni tienen relación con el cumulo herencial recibido y cuya cuantía al parecer asciende a los $141.000.000.
Antes estos hechos ya se encuentra cursando una investigación en la Fiscalía General de la Nación, quienes ya iniciaron las respectivas indagaciones y en la Comisión nacional disciplinaria quienes tendrán que determinar si el Togado ha infringido la ley y serán los encargados de imponer sus sanciones de ser declarado culpable.
Conducta objeto de reproche
En Colombia, durante los últimos años, se han hecho públicos distintos casos que ponen en duda la integridad, transparencia y legitimidad de la Rama Judicial. Se han descubierto casos de funcionarios judiciales de los niveles jerárquicos más altos que favorecen los intereses de los particulares, por encima de los principios de justicia e imparcialidad, con el fin de obtener un beneficio propio o de alguna de las partes. Sin embargo, no existe claridad sobre la magnitud de la corrupción en la Rama Judicial.
Recordemos el caso del juez Reynaldo Huertas, a quien la Procuraduria pidio condenar por recibir millonario soborno para beneficiar al empresario Carlos Mattos con unas medidas cautelares que permitieron a Mattos seguir comercializando en colombia, Vehículos de la marca Hyundai.
La lucha contra la desarticulacion de las bandas criminales que penetran la Rama Judicial ha sido dificil de combatir, cada vez se píerde credibilidad en los que imparten justicia, del 2017 al 2023 van más de 2.280 procesos contra funcionarios judiciales, entre los que se cuentan magistrados, jueces y fiscales, por irregularidades o casos de corrupción en el ejercicio de su función. Específicamente, 568 son jueces, 350 son fiscales y 1.342 son magistrados.
En término de sanciones ha superado los 1.191 jueces, en el país han sido sancionados por corrupción relacionada con su oficio desde el 2017. Dichas sanciones pueden ir desde multas y amonestaciones, hasta suspensiones, o incluso destituciones de los cargos cuando se presentan casos más graves.
A pesar de qué la mayoría de los investigados son magistrados, solo 142 sanciones han sido efectivas para ellos; en el caso de los fiscales, a la fecha ha sobrepasado los 488 acciones.
Por esta razón la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, comenzó a operar a comienzos del 2021 para sustituir la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, heredando más de 6.500 procesos qué procedían de la Sala Disciplinaria y que fueron repartidos entre los despachos de los siete magistrados que integran la corporación autónoma. Cifra sacado de asuntos legales.
Retornando al caso del Juez Efrain Zuluaga, consultamos a varios expertos en la materia, quienes hacen un analisis sobre la conducta del funcionario y la comisión de los delitos objeto de reproche e indicaron lo siguiente:
«En esta modalidad consiste en obtener, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado. Este incremento se puede obtener de manera directa o por interpuesta persona. Esta conducta cuenta con el verbo rector “obtener”, es decir, conseguir, adquirir o recibir algo que se desea. La descripción que se hace de la conducta es activa, por cuanto se trata de un hacer; obtener incremento patrimonial no justificado; además, es circunstanciada porque la tipicidad de la conducta está condicionada a que se realice en las circunstancias señaladas, a saber, durante la vinculación del servidor público o de quien desempeñe funciones públicas con la administración o en los cinco años siguientes a la desvinculación de ésta (circunstancia temporal), para sí o para otro (circunstancia modal)».
Se trata este, de un tipo penal elemental o simple, porque describe sólo un modelo de comportamiento, concretado en el verbo rector “obtener”; asimismo, son tipos penales de comisión o de acción, por cuanto se refieren a una conducta de carácter activo; y son cerrados porque en su supuesto de hecho se precisan las circunstancias típicas exigidas para la configuración de los mismos.
El comportamiento objeto de reproche se entiende consumado en el tiempo y en el lugar en que el sujeto activo recibe el bien que incrementa en forma injustificada su patrimonio, de conformidad con los artículos 14 y 26 del Código Penal, porque ese el tiempo y el lugar de ejecución de la acción constitutiva de enriquecimiento ilícito.
Por otro lado, el delito de lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.
Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito base del lavado de activos. No es el único: el lavado de activos también se puede originar en la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre otros delitos. Todos ellos producen beneficios y ganancias mal habidas, que crean incentivos para qué se intente legitimar.
Tráfico de influencias?
Pero la investigación de el Espacio Noticias fue más allá de un simple informe de prensa, pues en medio de indagaciones, nos encontramos con la sorpresa que el Juez Efraín Zuluaga es al parecer hermano del polémico Magistrado Gerardo Botero Zuluaga y a quién se le cuestionó el salvamento de voto por la consignación en el proceso que se adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe en la corte suprema de Justicia.
Es de conocimiento público que el pasado 4 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe, sin embargo el expresidente renunció a su curul en el congreso, lo que derivó que la Corte suprema de Justicia perdiera competencia en el caso, que pasó en manos de la Fiscalía, quién otorgó la libertad al ex senador Uribe Velez, investigado por presunta manipulación de testigos para desacreditar las acusaciones donde lo vinculan con paramilitares en los años 90.
En su salvamento de voto indicó qué, «a su modo de ver, la Sala Plena tendría que haber optado por regresar el asunto a la Sala Especial de Instrucción en vez de modificar el régimen a la Ley 906 de 2004 y permitir que continuara su curso en la jurisdicción ordinaria. Una determinación de este estilo, además de generaría un tsunami político». Explicó en su momento el Magistrado Botero Zuluaga a la Revista Samana.
Según explica la Fuente «Aunque el hermano del Juez Efraín Zuluaga, ha protagonizado toda clase de escándalos y se ha declarado en Rebeldía contra esa corporación y abiertamente es más político que jurista, esto es utilizado por el togado para poder ir en contra vía de la ética y la moral».
Al cierre de esta edición se continúa esperando el pronunciamiento del señor Efrain Zuluaga para conocer su versión de los hechos denunciados.
