Los hechos se presentaron en abril de 2020, en plena emergencia por la pandemia.
La contundencia del material probatorio presentado por un fiscal de la Seccional Meta permitió que un juez de control de garantías de Acacias impusiera medida privativa de la libertad a dos personas, presuntamente, responsables de apoderarse de un equipo biomédico para la atención de pacientes afectados por la pandemia.
Se trata del entonces enfermero jefe del centro asistencial Rigoberto Rojas Cantor; y de Juan Diego Pérez Cruz, amigo del primero. Según la investigación, la madrugada del 9 de abril de 2020, en plena emergencia por la pandemia, al parecer, Rojas Cantor sacó de manera irregular el único equipo biomédico, tipo ventilador mecánico, que existía en el hospital para atender pacientes con patologías respiratorias o afectados por el Coronavirus.
Se pudo constatar que dicho equipo fue adquirido por el hospital en 2016, gracias a una donación de la alcaldía local, siendo su valor estimado en, aproximadamente, 36 millones de pesos.
Labores de policía judicial evidenciaron cómo Rojas Cantor habría acudido a los servicios de una reconocida empresa de encomiendas para enviar el instrumento científico a Bogotá, donde Pérez Cruz debía reclamarlo y, al parecer, mantenerlo oculto en su casa.
El trabajo conjunto adelantado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió recaudar grabaciones de cámaras de video ubicadas en el centro asistencial que recopilar testimonios que, sumados a labores de campo, ayudaron a recuperar el equipo médico antes de que fuera recogido en la capital del país.
En el marco de la investigación fue posible establecer la plena identificación y ubicación de los presuntos responsables, quienes fueron detenidos en Villavicencio y judicializados ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Acacias (Meta).
Rojas Cantor fue imputado como presunto responsable del delito de peculado por apropiación en calidad de coautor; y Pérez Cruz lo fue como coautor a título de interviniente. El primero aceptó su responsabilidad en el delito atribuido; mientras que el segundo la rechazó.
Por estos hechos el juez impuso a Pérez Cruz detención carcelaria, mientras que para Rojas Cantor domiciliaria.
La Fiscalía indaga por la posible participación de otras personas en estos hechos irregulares.
