La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red criminal dedicada a la sustracción y comercialización de armamento militar, que terminaba en manos de las disidencias de las FARC en departamentos como Cauca, Tolima, Meta y Arauca, y en bandas criminales urbanas de Bogotá. Entre los judicializados se encuentran un soldado profesional del Ejército Nacional y un intendente pensionado de la Policía Nacional.
Red criminal con acceso directo a material de guerra
De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, esta red de al menos 11 personas estaba conformada por personal activo y retirado de la Fuerza Pública, así como por civiles que utilizaban negocios legales como fachada para cubrir sus actividades ilegales.
Entre los capturados se encuentran:
- Alberto Hernando Orozco Salcedo
- Luis Eduardo Urueña Díaz
- Henry Mosquera Ramírez
- Homes Bastidas Ardila
- Bernardino Wilches Vargas
- Jaime Humberto Puentes Puentes
- Jairo Enrique Valenzuela Ramírez
- David Bustos Vanegas
- Jhon Alexander Salgado Osorio
- Yesi Lenin Molano Santamaría
- Katerine Celeste Baquero González
Modus operandi: armas desde batallones y permisos falsos
Las evidencias apuntan a que el grupo lograba sustraer armas, municiones, granadas y explosivos de batallones en Bogotá, del Fuerte Militar de Tolemaida y de la sede de Indumil en Soacha (Cundinamarca). Para facilitar la venta de municiones en el mercado legal, utilizaban salvoconductos vencidos, con lo que engañaban a establecimientos autorizados para la venta de insumos bélicos.
Uno de los principales implicados, Jhon Alexander Salgado Osorio, soldado profesional del Ejército, sería el encargado directo de sacar municiones y armamento de las instalaciones militares. Por su parte, Alberto Orozco Salcedo, intendente pensionado de la Policía, sería uno de los cabecillas del grupo, presuntamente responsable de reclutar a cómplices y obtener permisos falsificados.
Imputaciones y capturas
Un fiscal los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá, quien les imputó delitos como:
- Concierto para delinquir agravado
- Fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas
- Utilización ilegal de uniformes e insignias
Al menos siete de los implicados aceptaron los cargos. Todos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
Golpe contundente y hallazgos alarmantes
Durante los operativos, desarrollados en nueve diligencias de registro y allanamiento por el CTI y la Brigada 13 del Ejército, fueron incautados:
- 3.184 municiones de varios calibres
- 13 pistolas, 16 rifles, 7 revólveres, 5 escopetas, 4 carabinas y 1 subametralladora
- 6 partes de fusil, 67 proveedores de armas
- 1 lanzagranadas, 1 detonador eléctrico
- 20 salvoconductos vencidos
- 55 uniformes pixelados similares a los de las Fuerzas Militares
- 45 millones de pesos en efectivo
Este nuevo golpe evidencia la vulnerabilidad de los controles en unidades militares y fábricas de armamento estatales, y expone cómo el crimen organizado continúa infiltrando estructuras legales para fortalecer su poder de fuego.
