Por: Redacción
Con el fin de contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana en el departamento, la Fiscalía General de la Nación – Seccional Caldas, en coordinación con la Policía Nacional, impactó un grupo delincuencial que tenía atemorizados a los habitantes del Páramo de Letras en Manizales y algunos municipios de Tolima.
Siguiendo el direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se adelantó la investigación que permitió la captura del presunto cabecilla de la banda, Andrés Felipe Arango Ríos, alias el Comandante Danilo o Jerson.
Según la investigación adelantada desde 2019, este hombre estuvo recluido en la cárcel de Cómbita en Boyacá, por el delito de extorsión en otro proceso. Se evidenció que desde allí habría continuado con las llamadas extorsivas, así como al mando de la organización. Actualmente se encontraba en detención domiciliaria y al parecer no la cumplía.
El 15 de febrero último, fue capturado en el barrio Las Gaviotas de Ibagué (Tolima) y, al ser presentado en audiencias, el juez le impuso medida de aseguramiento intramuros. Un fiscal especializado ante el Gaula le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, extorsión agravada en concurso homogéneo; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y abigeato. El hombre no se allanó a los cargos.
El ente acusador cuenta con varias pruebas, entre ellas, interceptaciones telefónicas que evidenciarían las llamadas amenazantes que el hoy procesado al parecer les hacía a las víctimas, identificándose como integrante del ELN Bolcheviques del Líbano.
De acuerdo con las denuncias, se tiene registro de por lo menos 10 casos en los que estaría implicado. Además, expuso el fiscal que Arango Ríos habría ordenado el homicidio deOvidio de Jesús Salazar Valencia, a quien asesinaron con disparos con arma de fuego el pasado 2 de febrero, en la vereda Damas Altas de Herveo.
El detenido supuestamente tenía bajo su mando varios hombres trabajando en las fincas de la región, lo que le permitía conocer todos los pormenores de los propietarios, detalles familiares y hasta financieros, para poder cobrar las extorsiones.
Estas personas serían las intermediarias de las amenazas. De esta manera, vendría cobrando entre 1 millón y 30 millones de pesos anualmente a los afectados, a quienes aparentemente intimidaba a través de llamadas y visitas para que cumplieran con los pagos, pues de no hacerlo, los amenazaba con hurtarles el ganado.
A una de las víctimas le hurtaron 80 cabezas de ganado, las cuales fueron recuperadas por la Policía y el Ejército. En otro caso, le habrían exigido 10 millones de pesos a una persona para devolverle 10 reses.
Por otra parte, se conoció que habrían retenido a 3 trabajadores de una finca porque el propietario no pagó $30 millones que le exigieron por tener plantaciones en el sitio. Ante las denuncias interpuestas, las víctimas contaron que comenzaron a recibir amenazas más fuertes y exigencias de hasta 10 millones de pesos. El ente acusador hace pública esta información por razones de interés general.
