Tras obtener la mayoría en las elecciones atípicas con 1.998 votos frente a los 1.777 de su contrincante Lina Tomasa Soto, Ivón Manjarrez Ustariz ha asumido oficialmente la administración de La Jagua del Pilar, municipio ubicado en el sur del departamento de La Guajira. Con una participación electoral histórica del 85,13 %, su elección marca un cambio significativo frente al modelo político conocido en la zona como la “puerta giratoria”, dominado por figuras como Waldin Soto y José Amiro Morón, este último destituido por el Consejo de Estado y condenado en primera instancia por delitos electorales.
Desde su primer pronunciamiento como alcaldesa, Manjarrez dejó claro su compromiso con un gobierno de puertas abiertas, enfocado en la comunidad y en la ejecución de su programa de gobierno. “Ahora sigue trabajar, trabajar siete días de la semana, 24 horas”, expresó, destacando su intención de mantenerse conectada con quienes confiaron en su propuesta de cambio.
Siendo Manjarrez Ustariz la primera mujer en asumir el cargo de mandataria local en ese municipio, ha enfocado su liderazgo en su eslogan «Ven Gobierna conmigo» y que sea esta la oportunidad para hacer las cosa bien.
Heredar el caos: desempleo, abandono institucional y clanes políticos
La elección de Ivón Manjarrez Ustariz como alcaldesa de La Jagua del Pilar no solo representa un cambio político: es el mandato ciudadano de acabar con décadas de clientelismo, abandono estatal y corrupción sistemática. La nueva mandataria, respaldada por una votación histórica en elecciones atípicas, recibe un municipio con graves carencias estructurales.
Uno de los retos más apremiantes es el desempleo. En palabras de la propia alcaldesa: “Lo que más aqueja a nuestra gente es la falta de oportunidades de empleo”. Aunque La Jagua del Pilar cuenta con potencial en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo cultural, ha faltado organización, acompañamiento técnico y liderazgo institucional para convertir ese potencial en desarrollo económico real.
Además, Manjarrez deberá lidiar con una administración marcada por la desconfianza ciudadana. El desprestigio de la política local, producto de los escándalos de gobiernos anteriores como los de Waldin Soto y José Amiro Morón, obliga a construir una nueva relación con la comunidad, basada en la transparencia y la cercanía.
Un fondo de seguridad saqueado: contratos dudosos y obras inconclusas
Uno de los capítulos más oscuros que deberá enfrentar Ivón Manjarrez es el estado del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FTSC), convertido en los últimos años al parecer en una caja menor de los grupos políticos tradicionales.
Durante la última década, más de $32.000 millones han sido invertidos en contratos con irregularidades, sobrecostos o investigaciones en curso. Entre ellos:
- Obras de escenarios deportivos por $14.481 millones, hoy abandonadas.
- Un contrato de ciencia y tecnología por $17.584 millones relacionado con un estudio sobre el dengue, bajo la investigación de la Fiscalía por presunta corrupción.
- Contratos recientes en salud pública por más de $180 millones sin seguimiento técnico ni evaluación de impacto.
La nueva burgomaestre deberá realizar auditorías, iniciar procesos disciplinarios y coordinar con los entes de control para esclarecer responsabilidades. Además, deberá blindar su administración con mecanismos de control interno, veeduría ciudadana y contratación transparente.
Al revisar los contratos en el SECOP I Y II, se puede apreciar varia irregularidades:
- Adjudicaciones directas sin justificación: Contratos otorgados sin procesos competitivos pueden ser señal de favoritismo o corrupción.
- Obras inconclusas o con sobrecostos: Proyectos que no se han finalizado o que han excedido significativamente el presupuesto inicial.
- Falta de estudios previos: Ausencia de análisis de mercado o estudios técnicos que justifiquen la necesidad y el costo del proyecto.
- Requisitos restrictivos en pliegos de condiciones: Exigencias que limitan la participación de oferentes y favorecen a ciertos contratistas.
Por ejemplo, en la Licitación Pública LP-008-2019 para la construcción de un ecoparque, la Contraloría Departamental de La Guajira señaló varias inconsistencias:
- Falta de análisis de mercado: No se evidenció un estudio que justificara los indicadores establecidos en el proceso licitatorio.
- Exigencia de programación de obra en etapa previa: Se solicitó una programación de obra antes de la adjudicación, lo cual contraviene las normas de contratación pública.
- Prioridad de proyectos no esenciales: Se cuestionó la inversión en un ecoparque cuando el municipio presenta necesidades básicas insatisfechas en áreas como educación y saneamiento básico.
Además muchos contratos carecen de información detallada sobre su ejecución, lo que dificulta la evaluación de su impacto y cumplimiento. Este panorama evidencia la urgencia de implementar mecanismos de control y seguimiento más rigurosos en la gestión de los recursos del FTSC en La Jagua del Pilar La Guajira.
El verdadero reto: transformar la política y devolver la esperanza
Con una herencia política marcada por la música —hija del reconocido compositor Rafael Manjarrez— Ivón Manjarrez Ustariz enfrenta ahora una sinfonía mucho más compleja: la del gobierno local, donde el ritmo lo marcarán las necesidades sociales, la transparencia y la capacidad de gestión. La ciudadanía espera no solo promesas, sino resultados concretos que transformen La Jagua del Pilar en un municipio con oportunidades y desarrollo sostenible.
Más allá de la gestión presupuestal, Ivón Manjarrez enfrenta el desafío más complejo de todos: transformar la cultura política de un municipio donde la alternancia, el reciclaje de los mismos grupos de poder, ha dejado un legado de escepticismo, obras inconclusas y ausencia de liderazgo ético.
Su elección como figura independiente, ajena a los clanes tradicionales, representa un primer paso. Pero sostener ese cambio requerirá gobernar con firmeza, cercanía y resultados concretos. Para ello, será clave rodearse de un equipo técnico competente, recuperar la planeación estratégica y garantizar que los recursos públicos se inviertan donde más se necesitan: en las comunidades vulnerables.
