En Córdoba, la carrera política de Gustavo Negrete Bonilla comenzó formalmente como concejal del municipio de Montería, donde se posicionó como un líder con fuerte ascendencia en sectores barriales. Su estilo directo y su cercanía con líderes comunitarios le permitieron consolidar una base política desde la periferia de la ciudad, aunque desde temprano surgieron señalamientos sobre prácticas clientelistas.
Antes de ingresar al Concejo, Negrete se desempeñó como conductor del exaspirante Gerardo Pérez, con quien habría tejido sus primeros vínculos políticos. Tras una fallida campaña en 2012 del exconcejal Pérez, Negrete logró establecer conexiones estratégicas con estructuras políticas que lo impulsaron en 2016 al Concejo de Montería. En esa etapa, según fuentes, recibió el respaldo indirecto del entonces gobernador Alejandro Lyons, quien, a través de contratos a una EPS representada por su esposa, lo habría favorecido económicamente.
En el 2019, la procuraduría lo suspendió e inhabilitó por 10 años, según informe oficial Gustavo Negrete había sido denunciado por presunta violación al reglamento interno, con el nombramiento irregular de la secretaria del Concejo de Montería, María Angélica Usta.
En ese entonces la Procuraduría calificó la conducta de Negrete Bonilla como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Algunas versiones indican que habría tenido acceso a las esferas más altas de la institución, lo que coincidió con la revocatoria del fallo en segunda instancia a su favor.
Su ascenso no se detuvo: en 2024 fue nombrado coordinador político nacional del Nuevo Liberalismo. Sin embargo, el pasado 4 de junio mientras desarrollábamos este reporte investigativo fue removido discretamente. Aunque la resolución del partido no explicita las causas, fuentes internas aseguran que se trató de una salida estratégica por las múltiples denuncias que pesan sobre el nombre de Gustavo Negrete.
¿Contratación amañada? El caso SU PERSONAL E.S.T. LTDA.
Una pieza clave del andamiaje contractual de Negrete sería la empresa SU PERSONAL E.S.T. LTDA., que ha recibido millonarios contratos de prestación de servicios con el Alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García. Según denuncias de la Veeduría Nacional “Velar por Más Transparencia”, la firma operaría con vínculos directos al círculo de confianza del diputado.
El contrato CD-SHM-258-2024, por más de $102 millones, fue firmado por Hernán Alonso Durango Usta, quien también figura como revisor fiscal de SU PERSONAL, lo cual lo inhabilitaba legalmente para contratar. Los denunciados incluyen al secretario general Daniel Patrón Pérez, y a los socios de la empresa: Luis Fernando Payares Ayala y César Gustavo Negrete Banda.
La Veeduría ha solicitado investigaciones por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y falsedad ideológica. Darío Díaz, veedor ciudadano, calificó a la firma como “una bolsa de empleo miserable y ladrona”, señalando irregularidades en pagos, descuentos arbitrarios y presiones laborales. Asegura tener pruebas de que Negrete sería el verdadero dueño de la empresa, operando tras bambalinas.
Según los testimonios y los elementos que reposan en nuestro poder, el señor César Negrete Banda habría contactado a un funcionario conocido como “el grabador” del Departamento de Córdoba, así le dicen al diputado Negrete Bonilla con el propósito de grabar , clandestinamente a funcionarios públicos y a contradictores políticos, con el fin de, presuntamente, utilizar dicho material para chantajes, presiones o beneficios políticos indebidos.
Esta operación, según nuestras fuentes, se realiza en conjunto con el señor Osvaldo Gómez y con el propio diputado Gustavo Negrete Bonilla, quien además es señalado como la figura central que mueve estos hilos de poder desde las sombras. El tráfico de influencias, la intimidación y el uso de grabaciones para silenciar o desprestigiar a quienes piensan diferente son prácticas que deben ser investigadas de manera urgente.
Grabaciones, extorsión y chantaje
Varios testimonios recogidos por este medio coinciden en una práctica sistemática: grabar a funcionarios, concejales y contratistas durante reuniones privadas. “Me mandaron un audio de una conversación vieja con el mensaje: ‘O te alineas, o se publica’”, relató un exconcejal en el exilio.
Estos audios circularían como moneda de cambio, control político y chantaje, almacenados por operadores cercanos a Negrete. Parte del material estaría en poder de la veeduría ciudadana, aunque no ha sido revelado por razones de seguridad.
Este medio logró obtener una denuncia interpuesta por el abogado Abraham Benítez Méndez, quien afirma que el 21 de abril de 2025, cuatro hombres enviados por Gustavo Negrete Bonilla irrumpieron en su vivienda en el barrio 6 de Marzo de Montería para constreñir y amenazar a su madre y hermana menor. El conflicto se habría originado por un intercambio de vehículo ligado a favores políticos. “Me dijeron que si no entregábamos el carro, habría consecuencias para toda mi familia”, afirmó.
Entre los agresores se encontraba un primo del diputado, Armando Bonilla, y un sujeto identificado como Lewin «La Máquina«. Se presentaron con documentación presuntamente falsa, haciéndose pasar por funcionarios judiciales.
Benítez denunció que desde entonces ha recibido amenazas a través de redes sociales y llamadas telefónicas. “No fue un hecho aislado. Desde ese día han circulado mensajes intimidatorios. Me vigilan”, relató. Pese a la gravedad de los hechos, no ha recibido medidas de protección.
Bubalú, líderes silenciados y amenazas sin justicia
Antes la denuncia del abogado Abraham Benites en la fiscalía responsabiliza directamente al diputado de cualquier daño que pueda sufrir su familia y asegura que el ataque fue parte de una estrategia para ejercer presión indebida.
Por otro lado este medio consultó a más de cinco líderes comunitarios aseguran haber sido amenazados tras denunciar contratos amañados o prácticas clientelistas. Varios mencionan a alias ‘Bubalú’, identificado como Jesús David Alemán Castro, quien se hacía pasar por funcionario de la Alcaldía para extorsionar a comerciantes. Según la Policía, afectó al menos a 30 negocios.
Más de cinco líderes sociales consultados reportaron haber sido amenazados tras denunciar irregularidades relacionadas con el diputado. En varios casos, los agresores mencionaron a alias ‘Bubalú’, viejo conocido del mundo paramilitar en Córdoba.
Su nombre, aunque no oficialmente vinculado, aparece reiteradamente asociado al círculo de operadores políticos de Negrete. “Me dijeron que sabían dónde vivía mi hija. Que si seguía hablando, la pagaba”, relató una lideresa comunitaria que prefirió el anonimato.
«Babalu» es muy cercanos a figuras políticas como el alcalde de Montería una imagen divulgada recientemente en redes sociales ha despertado nuevas inquietudes sobre los posibles nexos entre actores políticos de alto nivel y figuras cuestionadas en Córdoba. En la fotografía aparece el actual burgomaestre Hugo Kerguelén posando con Jesús David Alemán Castro, conocido como alias ‘Bubalú’, el mismo investigado y capturado en Mayo de 2025 por el Gaula de la Policía tras ser sorprendido en una presunta extorsión a comerciantes de Montería.
Intentamos hablar con el alcalde Kerguelén pero no fue posible, ni tampoco se ha comunicado con la suscrita hasta el cierre de esta entrega. Esperamos que se emita un pronunciamiento oficial sobre la imagen y la relación entre altos personajes políticos con Jesús David Alemán. Sin embargo, veedurías locales han pedido claridad sobre si existió algún vínculo contractual o político entre ambas figuras. La situación plantea interrogantes legítimos sobre los filtros institucionales y la responsabilidad política en entornos de alta sensibilidad social.
Gustavo Negrete Bonilla, quien era considerado uno de los hombres más cercanos tanto del gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta y el alcalde de Montería, al parecer, debido a este evento y otros más que golpean fuertemente la imagen de Negrete, han tomado distancia, según informaron fuentes extraoficiales.
Otro testimonio recogido por este medio corresponde a un exfuncionario de la administración municipal que pidió reserva de identidad. Según su relato, tras manifestar públicamente cuestionamientos sobre la asignación de contratos en una reunión comunitaria, fue abordado por dos sujetos en motocicleta. “Me dijeron que dejara de hablar mal de Gustavo, que si seguía revolviendo, me iban a levantar. No era una advertencia cualquiera, me dijeron el nombre de mi esposa y hasta dónde estudian mis hijos”, relató con voz entrecortada.
El exfuncionario asegura haber denunciado el hecho ante la Fiscalía Seccional de Montería en enero de 2025, pero afirma que no ha recibido respuesta. Desde entonces, vive en otra ciudad.
¿Grupos armados y vigilancia ilegal al servicio del poder?
Una de las denuncias más delicadas y que podría marcar un punto de inflexión en este entramado de poder fue presentada a comienzos de este año por un exfuncionario de la Gobernación de Córdoba, quien solicitó protección internacional y cuya identidad se mantiene en reserva. Su testimonio, obtenido por esta Unidad Investigativa, describe una red de seguimiento ilegal, intimidación con fines políticos y presuntos vínculos con estructuras armadas de vieja data.
“Desde mediados de 2023 comencé a recibir advertencias”, relató. “Primero eran comentarios ambiguos sobre mis intervenciones en espacios comunitarios donde cuestionaba la forma como se asignaban contratos en Montería. Pero luego llegaron las amenazas directas”.
Según su relato, tras una reunión en la comuna 6 de Montería, fue abordado por dos hombres en motocicleta sin placas, quienes sabían detalles íntimos de su vida. “Me dijeron con nombre y apellido dónde trabajaba mi esposa, el colegio de mis hijos y hasta qué ruta escolar tomaban”, afirmó. “No era un mensaje cualquiera: era un mensaje de alguien que me estaba vigilando desde hacía rato”.
Pero el punto más alarmante surgió semanas después, cuando recibió una llamada de un número oculto en la que le pusieron un fragmento de una conversación privada que sostuvo en su casa, grabada sin su consentimiento. «Ahí entendí que me estaban grabando dentro de mi vivienda. Fue cuando supe que esto ya no era una pelea política, era persecución organizada”.
El denunciante afirma que uno de los operadores de esta red sería César Negrete Banda, primo del diputado, quien habría coordinado —según su versión— un esquema de espionaje doméstico y político, con conexiones con ex integrantes desmovilizados de estructuras paramilitares. “No es nuevo para nadie que en Córdoba muchos de estos grupos se reconfiguraron, se metieron en política y ahora manejan puestos, contratos y hasta quién puede hablar”, sentenció.
En su testimonio también mencionó a alias ‘Bubalú’, no solo como un extorsionista, sino como un “enlace operativo entre políticos y bandas locales que actúan como fuerza de choque”. “Lo usan para el trabajo sucio. Lo saben en la Alcaldía, lo saben en la Gobernación. Y lo peor: lo saben en la Fiscalía, y nadie hace nada”.
En los documentos anexos a su denuncia aparecen pantallazos de mensajes amenazantes, fotografías tomadas sin su consentimiento a las afueras de su residencia y registros de llamadas entrantes desde líneas prepago. También incluyó audios que, según dice, “demuestran que hay un aparato de inteligencia paralela actuando desde dentro del poder local”.
Aunque radicó esta denuncia en la Fiscalía General de la Nación y ante organismos internacionales en enero de 2025, no ha recibido respuesta efectiva ni protección por parte del Estado colombiano. “Aquí en Córdoba el silencio es protección. Y el que habla, desaparece del mapa político o del mapa físico”, concluyó.
Las denuncias interpuestas entre 2023 y 2025 en la Fiscalía, Procuraduría y Personería siguen sin avanzar. Algunas incluyen audios, contratos y documentos alterados. Ninguna ha dado frutos y duermen en las gavetas de la fiscalía de Montería.
Cuentan las fuentes que la estructura que rodea al diputado Gustavo Negrete Bonilla —con empresas contratistas, operadores judiciales, amenazas sistemáticas y presunta cooptación institucional— revela un modelo de poder basado en el control, el miedo y el chantaje.
Las instituciones conocen los hechos. Las víctimas han hablado, Pero la justicia sigue callando.
Fuimos a las instalaciones de la asamblea para buscar la respuesta de Gustavo Negrete Bonilla pero no lo encontramos, hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas sobre esta grave acusación, ni sobre la decisión tomada por su partido El nuevo liberalismo.
