Una carta enviada por el Presidente Gustavo Petro a la procuradora Margarita Cabello el 25 de julio de 2023, ha sido motivo de diferecia entre los poderes.
La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal dio la orden el 23 de abril, la cancelación provisional por un trimestre al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, por posibles irregularidades en licitación pública.
Pero, el mandatario nacional desconoció la decisión disciplinaria que impartió el organismo, así lo publicó este jueves la Revista Semana.
El medio informó que el jefe de Estado le envió directamente a la procuradora, donde argumenta que dicho organismo administrativo no tiene facultades para sancionar a un alcalde en ejercicio.
“El presidente observa con preocupación que la medida cautelar de la suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción”.
“La medida cautelar no es una de aquellas medidas restrictivas de los derechos políticos autorizadas en el Artículo 23 N.2 de la Convención ADH, ni reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa, en cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente (…) implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, le sería reclamado a la República de Colombia”, se lee en la misiva.
Asimismo, amplía “encuentra, asimismo, el presidente, efectuando una interpretación del efecto útil y acorde con el principio Pro Homine, “que solo el hecho que quien profiera la medida cautelar sea una autoridad no jurisdiccional y no en un proceso penal, desconoce la garantía material que acompaña el ejercicio del derecho político humano del Artículo 23 de la Convención ADH”.
