La Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI) sorprendió este lunes al solicitar la captura internacional de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y del embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez. La decisión ha sido interpretada por diversos sectores como un intento de represalia contra dos figuras clave en la lucha anticorrupción en América Latina.
En una medida que ha encendido las alarmas diplomáticas y jurídicas en la región, el Ministerio Público de Guatemala emitió órdenes de detención contra la jefa del ente acusador colombiano y el exministro de Defensa de ese país, actualmente embajador. Ambos son señalados por supuesta participación en una estructura criminal que habría favorecido ilegalmente a la constructora brasileña Odebrecht.
Las autoridades guatemaltecas alegan que Velásquez, durante su paso como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lideró acciones irregulares que derivaron en perjuicios económicos para el Estado. Según la Fiscalía guatemalteca, el caso involucra delitos como asociación ilícita, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias.
La acusación ha sido recibida con escepticismo por parte de la comunidad internacional. Organizaciones como Human Rights Watch y varios analistas han advertido que las acusaciones parecen estar motivadas por vendettas políticas. Velásquez, ampliamente reconocido por su labor en la CICIG entre 2013 y 2019, enfrentó durante su gestión la corrupción de altos funcionarios guatemaltecos, algunos de los cuales hoy ocupan posiciones clave en el sistema de justicia del país.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su respaldo a ambos funcionarios colombianos. “Las órdenes de captura no son otra cosa que una represalia contra quienes se atrevieron a combatir las mafias incrustadas en el poder”, afirmó el mandatario en redes sociales.
Iván Velásquez también se pronunció, denunciando que la ofensiva judicial proviene de fiscales y jueces que han sido sancionados internacionalmente por actos de corrupción. “No es una coincidencia que quienes hoy impulsan estas acusaciones sean los mismos que fueron objeto de nuestras investigaciones cuando dirigíamos la CICIG”, señaló.
La fiscal general Luz Adriana Camargo, aunque no ha emitido declaraciones públicas, enfrenta esta solicitud en medio de un contexto complejo en su país, donde lidera procesos internos de reestructuración institucional en la Fiscalía.
La solicitud de captura fue acompañada de una petición de alerta roja a Interpol, aunque se desconoce si esta será tramitada por los países donde residen actualmente Camargo y Velásquez. De proceder, la decisión podría escalar a una disputa diplomática de mayores proporciones.
Mientras tanto, expertos jurídicos coinciden en que las imputaciones carecen de sustento legal sólido y podrían ser fácilmente desestimadas en tribunales internacionales, si llegaran a avanzar.
