En medio de una tregua que ha reducido temporalmente los homicidios en la región Caribe, los grupos criminales conocidos como Los Costeños y Los Pepes han propuesto formalmente una mesa de diálogo con el gobierno nacional. La solicitud ha sido recibida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero la respuesta oficial aún está pendiente.
Sin embargo, el jefe de esta oficina, Otty Patiño, fue enfático: cualquier posibilidad de acercamiento está condicionada a que estos grupos demuestren una voluntad genuina de desmovilización total y verificable. Sin ese paso firme, no podrán ser considerados dentro de la política de Paz Total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La intención de los cabecillas, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino, ha despertado dudas entre expertos en seguridad. El politólogo Luis Trejos advierte que detrás de esta iniciativa podría esconderse el interés por obtener beneficios jurídicos o lograr el traslado a cárceles en Barranquilla, lo cual les facilitaría mantener el control sobre sus organizaciones bajo la figura de gestores de paz.
El gobierno insiste en que no dará concesiones sin compromisos reales. Patiño ha dejado claro que no se permitirá que las negociaciones se conviertan en mecanismos para fortalecer estructuras criminales. El mensaje es contundente: si quieren sentarse a hablar, primero deben abandonar las armas.
